El juez Peinado ha decidido agotar su última bala contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno: implicar a la primera dama en el rescate de la compañía aérea Air Europa, una operación de 500 millones de euros para evitar la quiebra de la empresa. En realidad, ahí no hay caso. Lo ha dicho la Guardia Civil, lo ha dicho la Fiscalía y también la Audiencia Provincial de Madrid, que ha advertido al controvertido magistrado ídolo de la extrema derecha de este país de que si da ese paso podría estar incurriendo en una “investigación prospectiva”, por lo que todo el sumario instruido hasta la fecha sobre el máster de Gómez para la Universidad Complutense de Madrid sería nulo.
Ahora bien, ¿qué pruebas tiene el juez Peinado para acusar a la esposa del presidente de haber tomado parte en las negociaciones de un expediente administrativo tan complejo como el de Air Europa, que era una cuestión estratégica de Estado? Básicamente una: un informe de la Guardia Civil aportado al instructor del caso Koldo en el Tribunal Supremo donde se desvela una misteriosa llamada. El documento recogía un mensaje que envió el comisionista Víctor Aldama a Koldo García en el que desvelaba que el empresario Javier Hidalgo (el que fuera CEO del grupo Globalia, operador de Air Europa), estaba “muy jodido” y que había “llamado a Begoña”. Hasta ahí el gran descubrimiento del juez Peinado. Una supuesta llamada telefónica con una supuesta conversación sobre un supuesto negocio en el que la primera dama ni pinchaba ni cortaba porque ella no tiene ningún poder de decisión en el Gobierno. Y todo ello pasado y agitado por la coctelera de la prensa de la caverna, primera y única fuente de información del titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid.
El juez Peinado se apoya ahora en esta información para rebatir al Ministerio Fiscal y la defensa de Gómez, que no aprecian indicios de delito en la actuación de la esposa de Pedro Sánchez. Bien mirado, el último auto de Peinado, en el que da el paso trascendental de ir a por todas contra la familia monclovita, no es más que un canto de cisne y frustración por no haber podido empapelar a Begoña Gómez tras más de un año de alargar el proceso, hasta lo indecible, en busca de pruebas. En su impotencia, dispara contra todo lo que se mueve. Dispara contra la Fiscalía, a la que acusa “de pretender utilizar la denominada técnica del avestruz”, en el sentido de “no querer contemplar una realidad objetiva”. Dispara contra la Guardia Civil, a la que pone a buscar pruebas hasta debajo de las piedras (alegando que no es “capricho” suyo abrir una investigación). Y sobre todo dispara contra la Audiencia Provincial, que le paró los pies en su día para que no tocara el caso Air Europa (llega a decir que “no se colma la exigencia de la Audiencia Provincial de Madrid” de que aparezcan “datos nuevos” en el sumario).
La perla de su escrito llega cuando dice que cerrarle la puerta de una investigación “es tanto como atribuir(le) que vive alejado o ignorante de la realidad social, pues como se ha dicho más arriba, toda lo opinión pública conoce lo que está siendo transmitido como resultado hasta este momento por todos los medios de comunicación”. Una vez más, Peinado recurre a los titulares de la prensa amarilla de la extrema derecha, que es quien le nutre del pienso o alimento informativo para sus diligencias judiciales. En esa línea, viene a decir que los recursos que presenta el abogado de Begoña Gómez, el exministro socialista Antonio Camacho, viene a coincidir en el argumentario con los de la Fiscalía. Además, a Peinado le llama la atención que el escrito de la defensa sea inferior en extensión al del Ministerio Público, como si la calidad de un texto judicial se midiera por la cantidad de folios que contiene. Para Peinado, este dato solo tiene dos explicaciones: o bien porque los argumentos de la defensa “son menos sólidos”, o bien, porque Camacho “confía en que, una vez más, sea el Ministerio Fiscal, quien, de una manera más intensa e incluso más brillante, desde el punto de vista técnico jurídico efectúe una defensa de los intereses de la investigada”.
Mientras tanto, el sumario avanza. La siguiente parada del caso Begoña Gómez será el próximo 14 de mayo, cuando se celebre el careo entre la imputada Cristina Álvarez, asesora personal de la mujer del presidente del Gobierno, y el testigo Alfredo González Gómez, el cargo de Moncloa del que dependió su contratación. Peinado cree que Álvarez realizó trabajos privados y actividades comerciales para la primera dama, lo que a su juicio constituiría un delito de malversación. “La entonces testigo explicó, como consta, por otra parte, acreditado documentalmente en la causa, que su puesto dependía del Gabinete de Presidencia del Gobierno. Por su parte, Alfredo González Gómez, vicesecretario general de Presidencia en el momento de los hechos, ratificó este aspecto y explicó que, aunque él firma el nombramiento, las propuestas le llegaban desde los distintos órganos de Moncloa. En el caso de Cristina Álvarez, González dejó claro que la propuesta de su contratación partió del Gabinete de Presidencia, y no de la Secretaría General de Presidencia que dirigía entonces el hoy ministro Félix Bolaños”, según informa elDiario.es.