El caso David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno a quien la jueza Beatriz Biedma, titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Badajoz, investiga por haber sido enchufado “a dedo” en la Diputación de Badajoz, empieza a dar señales de inconsistencias jurídicas difícilmente explicables. La instructora ha abierto juicio oral contra el pariente del líder del PSOE y ocho imputados más por la adjudicación de la polémica plaza de coordinador de conservatorios de Badajoz. Y lo ha hecho acelerando la causa en los últimos días para tratar de cerrar el sumario cuanto antes a pesar de que las defensas tenían presentados varios recursos ante la Audiencia Provincial extremeña. Biedma no ha entendido necesario esperar a la resolución de esos escritos de las partes, una decisión cuando menos extraña, ya que lo habitual es que un juez de instrucción agote todas las posibilidades de las defensas antes de sentar en el banquillo a un ciudadano. Sin duda, la jueza de instrucción se ha saltado unas cuantas paradas, alterando el normal procedimiento establecido en la ley procesal. Algo que extraña, teniendo en cuenta que ella misma dijo en un escrito que esperaría a que se pronunciase el tribunal superior.
Por lo visto había prisa por empapelar a otro familiar de Sánchez. ¿Coyunturas políticas, otra vez presiones del más alto nivel, la sombra del lawfare que últimamente se proyecta con demasiada frecuencia en los muros de la Administración de Justicia de este país? No hay datos para responder afirmativamente a estas preguntas, pero sí llama la atención que el asunto haya tomado una velocidad de vértigo en apenas unos días, como si alguien, desde arriba, estuviese apretando el acelerador. El caso David Sánchez no puede ser analizado solo desde la perspectiva de un asunto judicial más, sino en el marco de la estrategia política de acoso y derribo que las derechas han diseñado y emprendido para acabar con el Gobierno antes del verano. Feijóo está tratando de crear un escenario irrespirable y letal para el sanchismo: una España degradada y decadente por culpa de un partido, el PSOE, que “vacía la nevera de los españoles y llena los bolsillos de los corruptos”, como él mismo ha dicho. En esas coordenadas se mueve el jefe de la oposición, que está intentando rentabilizar al máximo el enrarecido ambiente propiciado por escándalos como el caso Koldo, Begoña Gómez y fiscal general del Estado. En realidad, el caso Begoña Gómez es un sumario cogido por los pelos, con palos y cañas, por el juez Peinado, una instrucción que corre serio riesgo de quedar en nada por defectos de forma y por la descabellada instrucción, plagada de irregularidades, que ha realizado el titular de Plaza Castilla. Expertos juristas como Martín Pallín, Pérez Royo y Joaquim Bosch así lo han reconocido.
En cuanto a la cacería emprendida contra Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, por haber tratado de aclarar los bulos sobre el presunto fraude fiscal del novio de Isabel Díaz Ayuso, hasta la fecha el Tribunal Supremo no ha podido demostrar que el máximo responsable del Ministerio Público filtrara a la prensa el expediente tributario de la pareja sentimental de la presidenta de Madrid. Solo el caso Koldo tiene visos de ser un gravísimo asunto de corrupción en el seno del Ministerio de Transportes. Sin embargo, Sánchez actuó con rapidez y diligencia al apartar del PSOE al exministro José Luis Ábalos. Nadie puede decir que Ferraz no haya intervenido con transparencia en pos de la regeneración y en la lucha contra la corrupción. Desde luego, lo ha hecho mucho más eficazmente que Génova, que suele ser tolerante con sus corruptos (a los que se les respalda, se les sostiene en el cargo y hasta se les paga los gastos de abogados). Por tanto, tampoco en cuestión de sacar manzanas podridas del cesto puede presumir ni dar lecciones el Partido Popular.
Pero volvamos al caso David Sánchez. Cabe preguntarse si los delitos atribuidos al “Hermanísimo” (prevaricación y tráfico de influencias) son los que mejor encajan con las conductas investigadas. Y ahí vuelven a surgir dudas en la actuación de la jueza Biedma. Si hubo una persona de rango o cargo superior que ejerció una influencia política para mover los hilos y enchufar al hermano de Sánchez en la Diputación, debería decir quién es, poner el nombre y apellidos por escrito y dejarse de acusaciones veladas. Ese señor X no puede ser otro que el mismísimo presidente del Gobierno. Sin embargo, la jueza ni lo menciona ni lo cita a declarar para que pueda explicarse y defenderse. ¿Un jefe de Gobierno presionando para hacer realidad su nepotismo y la instructora no le envía la citación para presentarse en el juzgado? Otra peculiaridad más. Lo cual lleva a pensar que no dispone de pruebas concluyentes para avalar su teoría. Dicho sea de paso, la Fiscalía siempre ha entendido que este expediente es una causa con escaso contenido, o dicho coloquialmente, con poca chicha. Este tipo de actuaciones de Biedma recuerdan, y mucho, a la esotérica instrucción que viene realizando el juez Peinado en el caso Begoña Gómez. Ambos sumarios tienen demasiados puntos en común, el primero estar salpicados de conjeturas y apreciaciones subjetivas sin demasiada base probatoria. Y segundo, ese regusto sospechoso que rezuma a intento de caza de brujas contra la familia monclovita.
Y luego está el aspecto político del caso, que nada tiene que ver con la cuestión de las posibles disfunciones en la instrucción pero que no se debe pasar por alto. El aforamiento exprés solicitado por el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, es un bochorno en toda regla. Tratar de abrazarse a la inmunidad parlamentaria para eludir posibles responsabilidades penales no se sostiene. Y bien haría el PSOE en tomar cartas en el asunto y desautorizar al barón extremeño por haber recurrido a este tipo de prácticas degradantes de la democracia. A este respecto, llama la atención el silencio de Pedro Sánchez. El presidente debería pronunciarse ya, y si no lo hace es por la difícil situación jurídica por la que atraviesa su hermano. Todo ello sin olvidar el doble rasero y el lenguaje cínico del PP, que afea que Gallardo haya corrido a aforarse cuando en Génova hay decenas de casos de imputados que en su día recurrieron al mismo truco para salvarse de un pleito incómodo.