El Tribunal Constitucional (TC) se prepara para una de sus renovaciones clave. Cuatro de sus doce magistrados, incluido su actual presidente, Cándido Conde-Pumpido, concluirán su mandato en diciembre de 2025. Así lo ha comunicado el propio Conde-Pumpido en una misiva enviada recientemente al Senado, en la que urge a la Cámara Alta a activar el proceso de designación de sus sustitutos.
La misiva fue remitida durante la última semana de julio, según ha publicado La Razón. Aunque lo habitual es que el presidente del Constitucional informe con cuatro meses de antelación a la expiración de los mandatos, en esta ocasión ha optado por anticiparse, dado que el plazo ordinario vencería el 17 de agosto, fecha inhábil en el calendario judicial.
Cuatro magistrados salientes y un equilibrio en juego
Los magistrados cuyo mandato expirará a finales de año son: Cándido Conde-Pumpido, la progresista María Luisa Balaguer y los conservadores Ricardo Enríquez y José María Macías. Este último, sin embargo, podría optar a un nuevo mandato de nueve años, ya que fue nombrado apenas hace un año en sustitución del magistrado Alfredo Montoya, quien renunció por razones de salud en 2022.
La salida de estos cuatro jueces (dos del ala progresista y dos del sector conservador) podría modificar la actual composición ideológica del tribunal, que cuenta con una mayoría progresista de siete magistrados frente a cinco conservadores. Todo dependerá del resultado del proceso de renovación, que está en manos del Senado donde el Partido Popular cuenta con mayoría absoluta.
Un proceso con implicaciones políticas
La elección de nuevos magistrados se realiza por tercios cada tres años, según dicta la Constitución. En este caso, corresponde al Senado designar a cuatro jueces mediante una mayoría cualificada de tres quintos. Una mayoría que exige el consenso entre el Partido Socialista y el Partido Popular, los dos grandes bloques parlamentarios.
En la última renovación, en 2022, el cambio de cuatro magistrados propició un giro significativo en la balanza ideológica del tribunal: de una mayoría conservadora se pasó a una amplia mayoría progresista. Si bien en esta ocasión los relevos se distribuyen equitativamente entre ambos bloques, el resultado final podría depender de negociaciones políticas y del nivel de acuerdo que alcancen las fuerzas parlamentarias.
Nueva presidencia a la vista
Con el fin del mandato de Conde-Pumpido, también se abrirá el proceso para designar a un nuevo presidente del TC. El actual titular accedió al cargo en enero de 2023 tras obtener seis de los once votos en juego, rompiendo con la costumbre no escrita de que la presidencia recayera en el bloque mayoritario (en ese momento, el progresista) y la vicepresidencia en el minoritario. En cambio, tanto la presidencia como la vicepresidencia (ocupada por Inmaculada Montalbán) quedaron en manos del ala progresista.
Esta futura elección podría reavivar tensiones sobre el reparto del poder interno en el alto tribunal, así como sobre el respeto a las normas de cortesía institucional que tradicionalmente han guiado estos nombramientos.
El reloj institucional corre
La renovación del Tribunal Constitucional no es solo un asunto de aritmética política. De ella dependen decisiones clave sobre leyes fundamentales, garantías constitucionales y el equilibrio institucional del Estado. En este contexto, el aviso anticipado de Conde-Pumpido al Senado actúa como una llamada de atención para que el proceso no se retrase, como sí ocurrió en 2016, cuando los actuales magistrados comenzaron su mandato con tres meses de retraso.
En un momento en que el debate sobre la justicia y la separación de poderes ocupa un lugar central en la vida política española, el proceso de renovación del Tribunal Constitucional se perfila como una nueva prueba de fuego para el sistema institucional y el diálogo entre partidos. El Senado tiene la palabra.