El Congreso de los Diputados abordará este martes la tramitación de una proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista que plantea modificar la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). El objetivo central es prohibir cualquier transacción económica entre universidades y empresas vinculada a las prácticas curriculares, con el fin de garantizar un acceso igualitario para todo el estudiantado.
Fin a los pagos por prácticas curriculares
La proposición registrada por el PSOE propone una enmienda clave en la LOSU para que las prácticas académicas externas obligatorias, es decir, las que forman parte del plan de estudios de cada titulación, no puedan estar condicionadas por ningún tipo de pago o donación entre la universidad de origen y la entidad que las acoge. La medida afecta tanto a universidades públicas como privadas, así como a cualquier fundación u organización vinculada a ellas.
La norma pretende así evitar que el poder económico de ciertas instituciones académicas limite el derecho del alumnado a acceder a estas experiencias formativas. Desde el grupo socialista se considera que permitir contraprestaciones monetarias podría traducirse en una ventaja competitiva injusta para centros con mayores recursos, restringiendo las oportunidades de estudiantes de otras universidades.
Un precedente en la Formación Profesional
La iniciativa parlamentaria toma como referente la regulación vigente en el ámbito de la Formación Profesional, donde ya se prohíbe cualquier vínculo económico entre los centros educativos y las empresas de acogida durante el periodo de prácticas. La ley actual establece que estas estancias formativas deben desarrollarse sin contraprestación, precisamente para evitar distorsiones en el acceso y asegurar su carácter netamente formativo.
Con esta propuesta, el PSOE busca extender este principio al sistema universitario, asegurando que la firma de acuerdos entre universidades y entidades colaboradoras se base únicamente en el compromiso educativo, sin que medien pagos ni donaciones. Según el texto, estos acuerdos podrán establecerse libremente con instituciones públicas o privadas, nacionales o internacionales, siempre que garanticen el acceso efectivo y equitativo del estudiantado.
Sin relación laboral ni sustitución de empleo
El proyecto de ley también insiste en que las prácticas externas deben mantener su naturaleza formativa, sin derivar en obligaciones propias de una relación laboral ni en la sustitución de puestos de trabajo. De este modo, se pretende proteger tanto los derechos de los estudiantes como las condiciones del mercado laboral, reafirmando que las prácticas no deben utilizarse como mecanismo de precarización del empleo.
El debate en el Pleno del Congreso del próximo martes marcará el primer paso en la tramitación de esta reforma legislativa, que busca fortalecer el principio de igualdad en la educación superior y blindar la función pedagógica de las prácticas universitarias.