Mientras se intensifican las negociaciones entre el gobierno de Pedro Sánchez y las aseguradoras de salud, la crisis de Muface puede terminar en los tribunales en todas las vías: administrativa, civil y penal. Así lo ha advertido a la Dirección de Muface la Confederación Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).
En una carta enviada el viernes pasado, el sindicato exigió que pusiera fin a la situación de desamparo que están afrontando los funcionarios mutualistas y beneficiarios a los que se les está negando la debida prestación sanitaria, pese a la orden de continuidad asistencial dictada por el Gobierno.
Además, de manera formal, la organización sindical advierte de que «se emprenderán las acciones legales oportunas sobre las posibles responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas como consecuencia de la desatención por parte de las compañías aseguradoras, así como en aquellos casos en los que Muface no garantice la prestación asistencial a los afectados».
CSIF señala que, en un momento de desconcierto y falta de acuerdo entre Gobierno y aseguradoras, está recibiendo centenares de quejas de mutualistas a los que las compañías les están negando la asistencia, retrasando sin fecha consultas, pruebas e intervenciones quirúrgicas que previamente tenían concertadas e incluso cancelándolas, lo que está ocasionando un daño irreparable a los afectados y consecuencias que pueden afectar a su salud.
Además, se ha anunciado que se está asesorando a los mutualistas para que presenten la debida queja tanto a Muface como a la entidad aseguradora y a partir de ahí, se emprenderán las acciones judiciales que correspondan.
CCOO y UGT: exigencia de un convenio
Por su parte, los sindicatos CCOO y UGT exigen al gobierno de Pedro Sánchez y a las aseguradoras que alcancen un acuerdo que garantice la estabilidad en los servicios de asistencia y calidad sanitaria de las y los empleados públicos, evitando recortes que puedan afectar la atención de las personas mutualistas que actualmente están en Muface.
En un comunicado conjunto, ambas organizaciones sindicales señalan que «las dudas respecto de la licitación se mantendrán por varios días más, después de que el Gobierno decidiera postergar el plazo de cierre hasta el 27 de enero. Pero la incertidumbre no acaba allí, pues habrá que ver cómo finaliza el proceso y cuáles serán las medidas que se implementarán para asegurar la continuidad del servicio y garantizar la cobertura y la calidad».
Por otro lado, tanto UGT como CCOO denuncian que no hay nada claro respecto al futuro de los funcionarios mutualistas. «Ahora, las aseguradoras, en su ambición insaciable de rédito económico, siguen presionando para que el Gobierno aumente la financiación. Por su parte, el gobierno tampoco ha aclarado qué pasará si la segunda licitación quedara desierta y cuáles serían los escenarios posibles en caso de llegar a esa situación», afirma el comunicado.