Una concatenación de irregularidades de la Consejería de Salud en la aplicación de los protocolos sanitarios por intoxicación alimentaria ha vuelto a poner en evidencia los resortes de la Administración pública en la lucha y prevención de este tipo de alertas sanitarias. El hospital San Juan de Dios de Córdoba no informó, como es preceptivo, a la Consejería de Salud de una intoxicación alimentaria múltiple con casi medio centenar de afectados y una mujer de 63 años fallecida, sin patologías previas. La intoxicación se produjo en la taberna La Sacristía de Córdoba el pasado 4 de enero durante la celebración familiar de un cumpleaños. La Administración andaluza no ha tomado las muestras preceptivas de los presuntos alimentos causantes de la intoxicación múltiple hasta este miércoles 15 de enero, 11 días después de la celebración familiar.
La delegada territorial de Salud de la Junta en Córdoba, María Jesús Botella, ha asegurado que no ha recibido ninguna denuncia de afectados hasta este lunes 13 de enero, pero la asociación de consumidores Facua ha mostrado el documento de un intoxicado que constata que ya informó del brote a la Consejería de Salud vía email el pasado viernes 10 de enero, tres días antes del lunes 13 que la Junta asegura que recibe la primera denuncia de un afectado.
Los protocolos oficiales establecen desde 2019 que las intoxicaciones alimentarias deben activarse a través de la empresa pública de emergencias que Moreno Bonilla disolvió en 2021
El portavoz y secretario general de la organización de consumidores Facua, Rubén Sánchez, ha informado en rueda de prensa que el sistema sanitario privado está obligado a informar a la Administración sanitaria de los brotes alimentarios en cuanto tiene conocimiento de ello y en este caso no se ha producido esta comunicación preceptiva.
La Consejería de Salud también se ha negado a facilitar el nombre del establecimiento afectado por el brote alimentario, en lo que Sánchez considera “un grave acto de irresponsabilidad”. El secretario general de Facua asegura que “la Junta de Andalucía ha puesto bajo sospecha a toda la hostelería de Córdoba al negarse a hacer público el nombre del local que investiga por una intoxicación alimentaria sufrida por decenas de personas que acudieron a él, una de las cuales ha fallecido”, y añade que “con esta falta de transparencia, la Consejería de Salud y Consumo está dificultando que otros consumidores que hayan acudido al establecimiento y tenido síntomas compatibles con la toxiinfección bacteriana puedan ser conocedores de la investigación y poner los hechos en conocimiento de las autoridades sanitarias”.
Facua posee los informes de alta de urgencias de dos intoxicadas que acudieron al hospital privado San Juan de Dios de Córdoba y están fechados los días 5 y 8 de enero. Ambos recogen que habían comido en un restaurante el día 4, pero no incluyen el nombre. En el primer informe se indica que la afectada relató que “10-12 de los comensales están con clínica similar” y en el segundo que había “familiares en estado similar”.
El Protocolo de Actuación ante Alerta por Toxi-infección Alimentaria (TIA) de la Consejería de Salud establece que cualquier centro sanitario que atienda a afectados “lo comunicará con urgencia al Epidemiólogo del Distrito”. La última versión de este protocolo, actualizada en 2019, indica que en caso de que la atención se produzca de 15 a ocho horas, fines de semana y festivos, “la alerta será canalizada a través de la EPES”, la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias disuelta por el Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno Bonilla en el año 2021.
Un folleto de 2024 del Sistema de Vigilancia Epidemiológica en Andalucía publicado en la web de la Junta indica que el protocolo de comunicación en esos horarios se realizará contactando con el “Servicio Asistencial 061” desde el centro sanitario público o privado.