La Alianza Contra el Borrado de las Mujeres ha solicitado al Ministerio de Igualdad que actúe con firmeza y denuncie por malversación de caudales públicos a las instituciones que desvíen los fondos del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género. Esta demanda ha sido formalizada a través de una carta dirigida a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en la que se documentan 119 casos de mal uso de estos fondos desde el 1 de abril.
Documentación de casos y responsabilidad del Ministerio
La organización feminista ha recalcado que el mal uso de estos fondos encaja perfectamente en la definición legal de malversación de caudales públicos. En su carta, subrayan la responsabilidad de la ministra Redondo de litigar para recuperar los fondos malversados y asegurar que el dinero se utilice exclusivamente para su propósito original. Este mal uso, afirman, compromete la función encomendada a los asuntos competenciales de su administración y afecta gravemente al Pacto de Estado.
Papel de la Delegación del Gobierno y fiscalización de los fondos
La carta también destaca que es deber de la Delegación del Gobierno aprobar el catálogo de acciones que pueden ser financiadas y supervisar su implementación. Esta supervisión es esencial para garantizar que los fondos se destinen a sensibilizar a la sociedad, prevenir comportamientos sexistas que fomentan la violencia machista y apoyar a las víctimas en su proceso de salir de la violencia. La falta de fiscalización adecuada permite que los fondos sean desviados hacia fines no previstos, comprometiendo los objetivos del Pacto de Estado.
Denuncias de desvío de fondos a actividades no relacionadas
La organización feminista denuncia que diversas corporaciones locales continúan utilizando los recursos del Pacto de Estado para iniciativas ajenas, y a veces contrarias, a la lucha contra la violencia de género. Señalan específicamente que durante el mes de junio, numerosos ayuntamientos de diferentes signos políticos han destinado estos recursos a marchas, concentraciones y festivales LGTB, así como a debates transgeneristas que cuestionan la desigualdad basada en el sexo femenino y sus consecuencias para las políticas públicas diseñadas para combatirla.
Preocupaciones sobre la implementación de instrucciones del Ministerio
Finalmente, la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres cuestiona si las instrucciones anunciadas por el Ministerio de Igualdad para la correcta aplicación de los fondos han sido realmente cursadas. Consideran "gravísimo" que, en caso de haberse transmitido estas instrucciones, continúen las prácticas de malversación, ignorándolas y despreciándolas. Esta situación, según la organización, socava la integridad del Pacto de Estado y la efectividad de las políticas públicas para combatir la violencia de género.
La Alianza Contra el Borrado de las Mujeres exige acciones concretas y decisivas por parte del Ministerio de Igualdad para garantizar que los fondos del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género se utilicen correctamente. La malversación de estos fondos no solo representa una infracción legal, sino que también compromete la lucha contra la violencia de género y la protección de las víctimas. Es necesario que el Ministerio tome medidas inmediatas para restaurar la confianza y asegurar que los recursos se destinen a los fines para los que fueron concebidos.