La Comunidad de Madrid sigue enfrentando un problema de seguridad que, según la Plataforma Ecologista Madrileña, podría tener consecuencias graves para la ciudadanía y el medio ambiente. Miles de edificaciones, urbanizaciones y actividades económicas situadas en contacto con el monte carecen de planes de autoprotección frente a incendios forestales, dejando a la región expuesta a riesgos que podrían haberse evitado.
Áreas de alto riesgo sin protección
Según datos oficiales del Plan Anual de Prevención, Vigilancia y Extinción de Incendios Forestales (INFOMA) de 2025, en la Comunidad existen 2.361 zonas donde lo urbano y lo forestal se mezclan estrechamente, conocidas como áreas de interfaz urbano-forestal (IUF). Estas zonas suman más de 22.600 hectáreas, y de ellas solo 60 cuentan con planes de autoprotección, mientras que otros 35 están en tramitación.
La Plataforma Ecologista Madrileña, que agrupa a ARBA, GRAMA, Jarama Vivo, El Soto y Liberum Natura, advierte que la cifra real de construcciones en riesgo es mucho mayor. Según sus estimaciones, hay más de 78.000 construcciones ilegales en la región, muchas de ellas en terrenos forestales, cada una generando un nuevo foco de peligro para personas, bienes y ecosistemas.
Qué son las zonas IUF y por qué son peligrosas
Las zonas de interfaz urbano-forestal incluyen urbanizaciones, viviendas aisladas, campings, gasolineras o vertederos que están junto a terrenos forestales. “Son los territorios donde un incendio puede propagarse con más rapidez y dificultad de control, porque el fuego salta fácilmente entre el monte y lo construido”, explica la Plataforma.
Desde 2006, la normativa INFOMA exige que estas zonas dispongan de planes de autoprotección ante incendios forestales (PAIF), documentos que establecen medidas básicas de prevención, identificación de riesgos, recursos disponibles y procedimientos de actuación hasta que lleguen los equipos de extinción. A pesar de estar obligatorios desde hace casi veinte años, la gran mayoría de las áreas IUF siguen sin estos planes, exponiendo a miles de vecinos y actividades económicas a situaciones extremas.
Desregulación que multiplica el riesgo
La Plataforma señala que la desprotección se ha visto agravada por los cambios legislativos impulsados desde 2021, que han facilitado la construcción en suelos forestales y reducido la obligación de autoprotección para explotaciones agrícolas y ganaderas. “El Gobierno regional prioriza intereses económicos a corto plazo por encima de la seguridad de las personas y la conservación del medio natural”, denuncian.
Ante esta situación, la Plataforma Ecologista Madrileña reclama al Ejecutivo de la Comunidad de Madrid que cumpla la normativa de prevención de incendios, revierta las modificaciones legislativas que facilitan la construcción en zonas forestales y proteja tanto a la ciudadanía como a los ecosistemas frente a nuevos desastres.
Cada incendio que se produce recuerda que la ausencia de planes de autoprotección no es un riesgo hipotético: es una amenaza directa para la vida, los bienes y el patrimonio natural de la región, como sucedió en el reciente incendio de Tres Cantos-Viñuelas.