Se trata de la tercera ley ómnibus a la que recurre el gobierno de la Comunidad de Madrid desde 2021, una práctica "antidemocrática", a juicio de Ecologistas en Acción, "que se ha implantado en nuestra región para cambiar de golpe numerosas leyes, en muchos casos con modificaciones de calado, evitando así la tramitación separada de cada una de ellas, su análisis detallado y el debate social correspondiente".
Dicen que, como en las anteriores ocasiones, esta nueva Ley Ómnibus apunta justo en el sentido contrario de lo que plantea su título. "Es una ley que no aborda el equilibrio del medio ambiente y la ordenación del territorio, sino que persigue reducir o eliminar controles medioambientales públicos, la transparencia y la participación ciudadana en la gestión del espacio, tanto urbano como rural, y facilitar la implantación en el mismo de proyectos dispersos y de infraestructuras en beneficio de negocios privados y del capital inmobiliario, fomentando el expansionismo urbano y el crecentismo, a costa de un recurso no sustituible como es el suelo natural, en un territorio, el de la Comunidad de Madrid, que ya ha superado con mucho su capacidad de carga ecológica". Según la organización ambientalista, todo ello en perjuicio de los grandes retos de nuestro siglo "como las crisis climáticas, energéticas, de minerales, de materias primas, la pérdida de biodiversidad, el modelo insostenible de hipermovilidad, la emergencia habitacional, la exclusión e injusticia espacial y la desequilibrada distribución de los recursos, entre otros".
Desregulación de la ordenación del territorio
Ecologistas en Acción sostiene que "ello se manifiesta en la desregulación de la ordenación del territorio -materia conscientemente abandonada hasta ahora por los sucesivos gobiernos regionales- a través de la nueva figura descafeinada de los Planes Territoriales, con la que se eludirá definitivamente la elaboración del Plan Regional de Estrategia Territorial a pesar de su obligación legal de acometerlo".
De este modo, alertan de que "los Planes Territoriales, permitirán al consejero/a intervenir puntualmente en el territorio, por encima de los Planes Generales Municipales y de la normativa medioambiental y patrimonial, para impulsar proyectos de alto impacto ecológico y depredador del territorio como macrocentros de proceso de datos, líneas de muy alta tensión, desarrollos tipo EuroVegas, el AgroHub Monesterio, urbanizaciones residenciales en espacios naturales o ciertos megaparques fotovoltaicos". Estos planes, además, se tramitarán "de forma exprés", anticipan, "prácticamente sin capacidad de intervención por parte de la ciudadanía, de los municipios afectados ni de la Asamblea Regional Madrileña".
Igualmente denuncian, la otra nueva figura que afecta de lleno a las competencias de las administraciones locales sobre el planeamiento de su territorio: "el Plan Estratégico Municipal que se antepone a las normativas de los PGOU (Planes Generales de Ordenación Urbana), sembrando de incertidumbre e inseguridad jurídica el sistema de ordenación territorial local".
Un modelo desigual y propenso a la corrupción en la gestión urbanística
Consideran que los Planes Territoriales y los Planes Estratégicos Municipales "son nuevos instrumentos de escasa exigencia técnica y alta opacidad, con el único fin de que desde la administración regional se puedan promover intervenciones de agentes privados sobre el territorio al margen de controles medioambientales y sociales". A juicio de Ecologistas en Acción, la administración regional "está actuando de una forma completamente irresponsable e incluso en el sentido contrario a las lecciones derivadas de desastres naturales como el de la DANA", en el área de Valencia, en noviembre de 2024.
A mayor abundamiento, las modificaciones que se introducen en la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid (Ley 9/2001), explican que "amplían los usos y actividades admisibles en el medio rural, eliminando, además, controles ambientales e informes sectoriales en suelos protegidos".
Otro aspecto que Ecologistas en Acción pone de relieve es que ley confirma y profundiza también "en la privatización de la gestión administrativa de la edificación mediante las llamadas entidades privadas colaboradoras urbanísticas, que ya se habían introducido en modificaciones anteriores de la legislación del suelo, y que instala un modelo desigual, no equitativo y propenso a la corrupción, en la gestión urbanística".
Respecto al resto de las modificaciones de la Ley Ómnibus, denuncian que han sido elaboradas en muchos casos "al dictado de los intereses de las grandes corporaciones – como se evidencia tanto en la exposición de motivos de la ley como en las alegaciones presentadas por estas empresas y asociaciones – tienen un común denominador: anteponer el interés económico cortoplacista de unos pocos al desarrollo de una economía sostenible que favorezca a toda la ciudadanía".
En este sentido, señalan que "llama la atención las modificaciones que se proponen tanto en la ley de suministro eléctrico como en la del agua". En ambos casos el objetivo sería el mismo: "favorecer la implantación de grandes centros de proceso de datos (CPD), a pesar del enorme consumo de energía y agua que ello conlleva, así como el ridículo impacto que tiene en la creación de puestos de trabajo".
Finalmente, aluden a la modificación introducida en el IMIA, Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario, "mediante la cual se disminuye la presencia de las Universidades Públicas y se hace desaparecer de su Consejo Asesor a los tres representantes de los sindicatos más representativos, mientras se mantienen los tres de las patronales del sector".