La Federación Estatal de Asociaciones de Víctimas del Amianto, CCOO y UGT han presentado un documento conjunto de alegaciones al proyecto de RD que regula el fondo de compensación para las víctimas del amianto en desarrollo de la Ley 21/2022 que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha sometido a consulta pública
Más indemnizaciones para las víctimas del amianto
En el documento de alegaciones, los sindicatos y las asociaciones de víctimas plantean diversas alegaciones al texto sometido a consulta, en la mayoría de los casos en relación a procedimiento y plazos, destacando lo relativo a las cuantías de las indemnizaciones propuestas.
Las entidades consideran que, teniendo en cuenta otras indemnizaciones ya existentes en la legislación española (víctimas del terrorismo o del VIH, o más recientemente de la talidomida…), las establecidas por sentencia judicial o en acuerdos judiciales existentes en algunas empresas en las que se expuso al amianto a sus trabajadores, las propuestas en este proyecto de RD son “de todo punto desproporcionadas …debido a su escasez”.
Para Ana García de la Torre, secretaria de Salud Laboral de UGT: “Es necesario incremento de las cuantías de las indemnizaciones y ampliar el marco temporal. Además, “hay que dar mayor cobertura no solo económica, sino que llegue al mayor número de personas afectadas, de ahí que se necesita una retroactividad mayor, sin límites. También quieren que, en el ámbito fiscal, estas indemnizaciones estén exentas”.
Las indemnizaciones propuestas
Las indemnizaciones propuestas oscilan entre los 27.359,76 y los 68.399,40 euros, a los que habría que descontar la correspondiente tributación al IRPF, ya que el Gobierno se ha manifestado contrario en todo momento a considerarlas rentas exentas de tributación. Hay que tener en cuenta que las otras indemnizaciones comentadas se elevan a varios centenares de miles de euros.
A juicio de las entidades “se trata de un comportamiento discriminatorio para unas víctimas en cuyas exposiciones al agente tóxico existe una responsabilidad ineludible del Estado ya que en España los diferentes Gobiernos demoraron de manera injustificada la prohibición de uso y comercialización de todas las variedades del amianto a pesar de ser existir una evidencia científica incuestionable sobre sus efectos en la salud humana desde varias décadas antes de la prohibición definitiva”.
FEDAVICA, UGT y CCOO han solicitado una reunión urgente al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, para reclamar una modificación en el proyecto de RD que asegure un procedimiento ágil y simple y unas cuantías dignas para las víctimas del amianto.