La devastadora oleada de incendios que asola España, con más de 350.000 hectáreas calcinadas y miles de vecinos desalojados, ha reavivado no solo el debate sobre la eficacia de los planes de prevención y respuesta, sino también la confrontación política. Lo que en principio debía ser un espacio de coordinación institucional se ha transformado en un campo de batalla entre el Ejecutivo central y las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular.
La directora de Protección Civil, Virginia Barcones, arremetió con dureza este miércoles contra los presidentes autonómicos del PP más golpeados por la catástrofe: María Guardiola (Extremadura), Alfonso Rueda (Galicia) y Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León). Tras la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD), presidida telemáticamente por Pedro Sánchez, Barcones acusó a los líderes populares de “crear debates ficticios” y reclamar medios “imposibles de alcanzar”.
En su intervención, la responsable de Protección Civil situó el foco en la estrategia de Génova de cargar contra la falta de medios estatales, mientras recordaba que las competencias en materia de incendios corresponden en primer lugar a las comunidades autónomas.
El PP redobla la presión
Lejos de rebajar el tono, el Partido Popular trasladó la polémica al terreno parlamentario. Su portavoz en el Senado, Alicia García, anunció la habilitación del mes de agosto para exigir la comparecencia urgente de tres ministros: Sara Aagesen (Transición Ecológica), Fernando Grande-Marlaska (Interior) y Margarita Robles (Defensa).
García acusó al Gobierno de haber fracasado en su respuesta, con especial énfasis en Aagesen, a la que señaló por “abandonar al medio rural” y por aplicar “políticas dogmáticas y radicales” en materia medioambiental.
Las críticas también alcanzaron directamente a Pedro Sánchez. Para el PP, el presidente ha actuado como un “presidente ausente”, incapaz de “interrumpir sus vacaciones para ponerse en primera línea de fuego”.
Competencias y responsabilidades
Desde el Gobierno, la respuesta se apoya en dos pilares: la legislación, la Ley de Montes y los estatutos de autonomía que atribuyen a las comunidades la gestión directa de incendios, y los datos de gestión autonómica. El Ejecutivo recuerda, por ejemplo, que la Xunta de Galicia dejó sin ejecutar 8,3 millones de euros de fondos europeos destinados a la lucha contra incendios y que, según la oposición en el Parlamento gallego, ocultó más de 400 focos en lo que va de verano.
El contraste entre la reivindicación de medios nacionales y los déficits de gestión autonómica refleja un choque político que parece destinado a prolongarse durante toda la temporada de incendios.
Emergencia y polarización
La catástrofe, que debería actuar como punto de encuentro entre administraciones, se está convirtiendo en otro escenario de polarización. El fuego no solo arrasa montes y pueblos, sino también la posibilidad de una gestión común frente a la emergencia climática.
Mientras miles de ciudadanos observan cómo sus tierras y hogares se consumen, el debate político se encona entre acusaciones de abandono, reproches de incompetencia y la pugna por el relato. La pregunta de fondo permanece sin respuesta porque en España es imposible blindar la gestión de emergencias frente a la dinámica partidista.