Hace unos años las cifras de endeudamiento de las administraciones publicas hubieran escandalizado a cualquiera. Sin embargo, la lluvia fina hace que veamos normal lo que no lo es.
El Ayuntamiento de Zaragoza tiene una deuda acumulada de más de 700 millones de euros, una cantidad que, según fuentes consultadas por Diario16, va en aumento. Respecto a Aragón, la siguiente ciudad de más de 40.000 habitantes con más deuda es Huesca, con 17 millones de euros. A nivel nacional tenemos entidades locales que superan a la capital aragonesa, principalmente ubicadas en Andalucía y Levante. Jerez de la Frontera, por ejemplo, tiene una deuda acumulada cercana a los 800 millones de euros.
Diario16 ha tenido acceso a una serie de documentos que muestran cómo el jefe de la Oficina de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Zaragoza, José Luis Serrano Bové, pidió autorización para poder elevar la contratación en todos los sectores de personal funcionario a un 110% y solicitaba autorización al interventor general del consistorio zaragozano, J. Ignacio Notivoli Mur. La respuesta fue sencilla y contundente: el Ayuntamiento de Zaragoza no tiene amortizada la deuda, sino que la situación es dramática dado que asciende a 703 millones de euros, según la información aportada por el propio interventor haciendo referencia a datos del Banco de España.
![](https://diario16.com/wp-content/uploads/2021/09/image-19.png)
El Partido Popular gobierna Zaragoza gracias a una coalición con Ciudadanos, a cuyo frente está el alcalde Jorge Azcón (PP). Según las mismas fuentes, este tipo de informes parecen trajes a medida para la ejecución de su política liberal y privatizadora de los servicios públicos que esta sufriendo la capital aragonesa. Ejemplos de ello hay varios como, por ejemplo, la gestión privada de los pabellones deportivos municipales que están pasando poco a poco a manos privadas, tal y ocurre con la concesión de 40 años del futuro centro deportivo del barrio de la Almozara (Zaragoza) que supondrá el cuarto centro deportivo privatizado.
![](https://diario16.com/wp-content/uploads/2021/09/image-18.png)
Este afán privatizador que caracteriza al Partido Popular, con la complicidad silenciosa de Ciudadanos, con este tipo de políticas que afecta a todos los sectores municipales queda demostrada también con la externalización a una empresa de servicios sociales, Atenzia, que coordina las peticiones de los ciudadanos más vulnerables que solicitan ayudas sociales. Una vez analizada la llamada, ésta se deriva al asistente social correspondiente. Esta externalización es incomprensible, sobre todo si se tiene en cuenta que el Ayuntamiento de Zaragoza dispone de un servicio de call center propio con personal municipal.
![](https://diario16.com/wp-content/uploads/2021/09/image-17.png)
Según las fuentes consultadas, la deriva privatizadora del Partido Popular en Zaragoza llega, incluso, a los propios servicios de inspección municipal reducidos a su mínima expresión donde las propias contratas públicas campan a sus anchas, se auto inspeccionan con terceras empresas que dependen de las propias contratas principales. Así ocurre, según las mismas fuentes, en el caso del servicio de tranvía o el servicio de autobús urbano.
Estos pequeños ejemplos, que están conectados con precisión quirúrgica, explican claramente cuál es el rumbo en la política de recursos humanos, uno de los más opacos de la geografía española donde, en las modificaciones de las RPT (relaciones de puestos de trabajo), no se adjunta el informe previo del área competente en materia de presupuestos o se generan nuevos estratos sin ningún criterio objetivo.
Por ejemplo, está el recorte de más de 10 millones de euros en el Capítulo I (gastos de personal), lo que está provocando la eliminación de puestos de trabajos y contrataciones temporales para poder ejecutar el proyecto de traspaso de lo público a manos privadas. Esto, según las fuentes consultadas, genera un problema en los servicios que se presta al ciudadano a base de mermar las plantillas de personal municipal. En el Ayuntamiento de Zaragoza hay más de 700 puestos de trabajo sin cubrir y esta carencia, sólo en el año 2020, obligó a realizar la plantilla más de 80.000 horas extra.
Por otro lado, sin abandonar el ámbito del personal del Ayuntamiento de Zaragoza, no hay que dejar de lado los trabajadores temporales en abuso de temporalidad, donde en plena reforma del proyecto de ley y con la situación económica de posible quiebra técnica del consistorio zaragozano, no quiere esperar a una solución sin coste a las arcas municipales. La incógnita está en cómo se asumirá por parte del Ayuntamiento el pago de indemnizaciones e incluso de reclamaciones patrimoniales.