Hace un año que fue elegida la junta de gobierno del Colegio de la Abogacía de Madrid, ICAM, y la corporación vive un momento difícil debido al fuerte enfrentamiento surgido en su seno. A la movilización casi permanente del turno de oficio, hay que añadir el malestar que han generado las posiciones adoptadas por la dirección colegiada en contra de la amnistía y los pactos de investidura de Pedro Sánchez. El comunicado en el que se rechaza la medida de gracia para los implicados en el procès , según la Asociación Libre de Abogadas y Abogados, ALA, se redactó sin consultar a los asociados y supone un “grave quebranto al deber de neutralidad del colegio sobre hechos de naturaleza política” que va, incluso, en contra de la sentencia del Tribunal Supremo 922/2019 en la que se advierte que no es ajustado a derecho el que un colegio profesional tome oficialmente postura sobre cuestiones políticas que dividen a la sociedad y son ajenas a la función de defensa de los intereses profesionales. El trasfondo de esta tensa situación es de mayor calado que un simple contraste de pareceres entre directivos y asociados. El decano, Eugenio Ribón, parece mas dedicado a hacer carrera política utilizando su condición profesional. Su primer objetivo es el Consejo General de la Abogacía. Y su principal adversaria, Victoria Ortega, de la que se dijo que si el PP ganaba las elecciones del 23 de julio, sería la ministra de Justicia del gabinete presidido por Alberto Núñez Feijóo.
Ribón no sólo presume de haber sido el inspirador del comunicado contra la amnistía. También de la declaración contraria a los pactos de investidura sobre todo en lo referido a las comisiones de investigación, las que se han dado en llamar “las comisiones del lawfare”. El decano del ICAM no se ha conformado con lograr la aprobación de la declaración en el seno de su dirección colegiada, sino que se ha movilizado para que el resto de colegios de abogados la secunden, con resultado dispar. En Catalunya no se han pronunciado porque consideran que es una intromisión en el mundo de la política que rompe el principio de neutralidad de la profesión.
Ribón persigue dos cosas. Por un lado, secundar los movimientos que están llevando a cabo los grandes bufetes de abogados que se están pronunciando públicamente en contra de la amnistía y de los pactos entre socialistas y Junts per Catalunya, unos despachos controlados por la derecha judicial. Casi todos sus titulares proceden de la judicatura, la carrera fiscal, y la política. El primer despacho que se manifestó públicamente es el de José Pedro Pérez Llorca que fue ministro de UCD y uno de los padres de la Constitución. Hasta su muerte, en 2019, fue titular del bufete que lleva su nombre. Otros despachos, como son Uría Menéndez, Ontier y Broseta, también se han declarado públicamente en contra de los acuerdos. Representan los intereses de las grandes corporaciones económicas, ésas cuyos directivos prefieren callar por aquello de no generar un conflicto con el poder político. Pero las conexiones son manifiestas. El actual presidente del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte, estuvo asesorando a uno de esos grandes bufetes de abogados hasta que accedió a la titularidad del órgano de gobierno de los jueces.
En segundo lugar, Ribón mantiene una postura beligerante contra la presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega, a la que pretende suceder tarde o temprano. Ortega se ha negado a que el CGAE haga una declaración en contra de los acuerdos de investidura porque considera que los abogados no deben entrar en posicionamientos sobre hechos de naturaleza política, y se refiere, también, a la sentencia del Supremo mencionada en la que se establece que “una corporación de afiliación obligatoria no puede abandonar su posición de neutralidad para asumir posiciones ideológicas de parte, desconectadas, además, de los intereses profesionales a los que debe de servir”.
Aún así, colegios como el de Granada presionan al Consejo para que firme el comunicado del ICAM en el que se señala que “el lawfare” no tiene cabida en un estado democrático. Es más, las corporaciones contrarias a los acuerdos parlamentarios amenazan con ejercitar “cuantas acciones sean procedentes en defensa del estado de derecho y la separación de poderes” criticando abiertamente la posición de la directiva del CGAE por no secundar la iniciativa que están llevando a cabo.
No es la primera vez que Ribón se enfrenta a Ortega. El dirigente de los colegiados madrileños forma parte de la comisión permanente como presidente del colegio con mayor número de afiliados y, como tal, se opuso a lo que se ha llamado “el cuotazo”, una subida de las cuotas a los colegiados para intentar reducir el déficit que arrastra la institución desde 2021 cuando se declararon pérdidas de 1,25 millones de euros y una cantidad similar en 2022. Encabeza el movimiento de una docena de colegios que exigen transparencia en las cuentas del organismo.
Y no sólo en los puntos señalados. La situación que viven los abogados del turno de oficio que ha dado lugar a multitud de protestas, incluso de una huelga, también es objeto de enfrentamiento. El Colegio de la Abogacía de Madrid es el organismo que cuenta con el mayor número de letrados apuntados al servicio de la justicia gratuita. Estos llevan desde 2018 con los baremos de honorarios congelados y se quejan de que no se les abonan los traslados ni los gastos burocráticos además de no tener derecho a la conciliación familiar. La lista de reivindicaciones es elevada. Y no ha sido recogida ni asumida por el consejo general de la Abogacía que simplemente se ha limitado a pedir al nuevo ministro de Justicia, Félix Bolaños, que se “busque una solución”. En cambio, Ribón apoyó activamente las movilizaciones que se llevaron a cabo, incluso anunciando que, si se tomaba alguna represalia en caso de huelga del turno de oficio, el Colegio ampararía a los asociados afectados.
Un importante sector de colegiados al ICAM muestran su malestar por esa toma de posición de la junta de gobierno. Algunos de los candidatos en las elecciones del año pasado se han dirigido a Ribón exigiéndole que deje de utilizar la corporación con fines políticos. Pero, hasta el momento, no les han hecho caso. El ICAM sigue siendo un instrumento al servicio de la derecha judicial. Otro más.