Cada vez que se acercan unas elecciones, el mantra del Partido Popular es siempre el mismo: vamos a bajar los impuestos. Sin embargo, cuando ya han pasado los comicios, las tasas y tributos allá donde gobiernan empiezan a subir. En Madrid, sin ir más lejos, paraíso de ricos donde supuestamente nadie iba a pagar un duro por los servicios básicos, Ayuso ya ha advertido de que la política de rebajas fiscales se va a terminar. “Nuestros márgenes se van complicando”, dice la lideresa santo y seña de esa utopía liberal donde todo es gratis sin que nadie tenga que soltar un solo euro.
Ayuso ha tenido que reconocer que las opciones de recortes impositivos se limitan tras renunciar los gobiernos de su partido a más de 65.000 millones en impuestos desde 2004. Y cuando la prensa le aprieta para que diga en qué quedó su ambicioso programa ultraliberal, ella responde: “Es cierto que llevamos reduciendo impuestos de manera consecutiva muchos años y que, por tanto, nuestros márgenes se van complicando. Todavía este año nos vamos a beneficiar de la deflactación del IRPF, lo haremos cada vez que la inflación sea mayor del 2%. A lo largo de la legislatura, tenemos que hacer una reducción de medio punto del IRPF y tenemos una catarata de deducciones fiscales que estarán sobre todo enfocadas en la compra de vivienda, la conciliación, la vida en común con mayores en casa, para los estudios... Todavía vamos a tener un margen en ese sentido”. Excusas de mal pagador, o mejor dicho, de político trilero y populista que en campaña electoral promete una cosa y después hace otra. Al final, el supuesto ambicioso programa de rebaja fiscal ayusista se traduce en 25 euros menos para los pobres, 134 para las clases medias y 519 para los más ricos. Es decir, el chocolate del loro vendido como una gran panacea.
En Castilla León, el engaño vino acompañado del esperpento de 2022, cuando las Cortes Autonómicas vivieron un momento de caos en el momento en que PP y Vox se equivocaron al votar y dejaron en el aire su rebaja de impuestos. En efecto, ambos partidos acabaron votando en contra de su propia Ley de Medidas Tributarias frente a la planificada política fiscal socialista. ¿Fue un error involuntario o acaso aquello fue la forma de escapar del callejón sin salida en el que se había metido el popular Alfonso Fernández Mañueco tras comprobar que el Gobierno británico de Lizz Truss había llevado a la bancarrota a su país por un descabellado plan de reducción de impuestos?
Algo parecido ha ocurrido en Andalucía, donde el popular Moreno Bonilla también ha tenido que guardar en un cajón su proyecto de paraíso fiscal para ricos. En efecto, el Gobierno andaluz ha tenido que aparcar las sucesivas bajadas de impuestos coincidiendo con que le llegarán menos fondos europeos en el ejercicio 2024. Las cuentas para este año ascienden a 46.753 millones, con unos ingresos que se sostienen gracias al crecimiento “extraordinario” del IRPF y el IVA que tanto le reprochó el PP a Pedro Sánchez. Una vez más, se demuestra que dicen una cosa cuando están en la oposición y hacen otra muy distinta cuando llegan al poder.
En Valencia, otra comunidad autónoma azul al frente de la cual se encuentra el popular Carlos Mazón, nos encontramos también con las consecuencias nefastas de las políticas ultraliberales del PP. El pasado mes de noviembre el Consell de PP y Vox aprobaba en las Corts la rebaja del impuesto de sucesiones y donaciones que mermará en 230 millones la recaudación. De inmediato, se ha producido un efecto bumerán para compensar la pérdida de recursos de las arcas públicas. Estos días de Fallas y fiestas, los valencianos se están encontrando con que sus facturasson más elevadas de lo habitual y ya es difícil que un recibo del agua baje de 70 euros de media cuando no hace demasiado tiempo se situaba en torno a los 50. ¿Dónde está el oasis de felicidad, dónde está el prometido y cacareado paraíso que se le prometió a los ciudadanos levantinos? Nunca más se supo.
Fenómenos similares se producen no solo en gobiernos regionales sino también en ayuntamientos gobernados por la derecha. Todo ello mientras altos cargos populares ya no se muestran tan optimistas y generosos con las políticas de condonación tributaria. De hecho, el PP no asegura una bajada de impuestos si llega al Gobierno: “Hay que ver con qué nos encontramos”, asegura el vicesecretario económico de los populares, Juan Bravo Baena. El populismo de derechas recurre habitualmente a una vaga promesa que, aunque pueda cumplirse en los primeros momentos de cada legislatura, con rebajas puntuales y esporádicas (generalmente más apreciable en los bolsillos de quienes más tienen, beneficiados por la supresión del impuesto de donaciones y sucesiones) que suelen terminar aplazadas, aparcadas o en papel mojado.
El Estado de bienestar necesita ingresos para seguir funcionando. Sin impuestos no hay pensiones, no hay sanidad, no hay educación pública de calidad. Esa es la única verdad. Pero los cantos de sirena de los Ayuso, Moreno y Mazón calan en la sociedad pese a que se trata de burdas manipulaciones.
Es evidente que la curva de Laffer, un mito propagado por el populismo de la derecha, está fallando estrepitosamente. La curva de Laffer es una teoría acuñada por el profesor de Economía de la Universidad de Chicago, Arthur Laffer, por la que recibe su nombre. Este dibujó en una servilleta una especie de campana dividida en dos partes. “En la primera, los ingresos por impuestos aumentaban a medida que subía el tipo impositivo. Sin embargo, al llegar a cierto punto –donde se iniciaba la segunda parte de la curva–, la recaudación caía a medida que se seguía incrementando el gravamen. Era 1974.
La derecha liberal se agarra a este modelo teórico para asegurar que sí se pueden reducir los impuestos al tiempo que se ayuda a incrementar la actividad económica. Cuestión que, hasta la fecha, no ha dado resultado, asegura una información de Público. El profesor titular de Economía de la Universidad de Barcelona, y exvicerrector de Economía, Gonzalo Bernardos, explica que la teoría de la curva de Laffer “es falsa”. Argumenta el economista que una bajada de impuestos conduce a dos repercusiones sobra la recaudación: una positiva y una negativa. La primera, la incrementa al aumentar el gasto de familias y empresas. La segunda, la disminuye al reducir los ingresos tributarios por euro ganado o gastado. “Aparentemente, el balance es incierto”, asegura