El Gobierno confía en sacar adelante las leyes bloqueadas por la derecha tras lograr la mayoría progresista en el TC

28 de Diciembre de 2022
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Sede del Tribunal Constitucional.
Sede del Tribunal Constitucional.

El Gobierno ha aplaudido el acuerdo de los vocales del Consejo General del Poder Judicial para elegir a sus dos magistrados del Tribunal Constitucional, criticando al PP por “bloquear” y “dañar” las instituciones del Estado, y recordando que ahora habrá mayoría progresista de siete magistrados frente a cuatro de sensibilidad conservadora, según han señalado fuentes gubernamentales.

Los vocales del CGPJ han decidido por unanimidad designar a estos dos magistrados que les corresponde nombrar al Tribunal Constitucional: el magistrado del Tribunal Supremo (TS) César Tolosa y la magistrada jubilada del (TS) María Luisa Segoviano; ambos propuestos por el ala conservadora del órgano de gobierno de los jueces.

Leyes paralizadas por el bloqueo

De esta manera, el Gobierno cree tener más margen de maniobra a la hora de sacar adelante las numerosas leyes que las derechas, PP y Vox, le han bloqueado en el Alto Tribunal, como la que regula el aborto, la eutanasia, la ley de educación (más conocida como Ley Celáa), la reforma laboral, y otras que aún están en trámite parlamentario, entre ellas la llamada ley del Solo sí es sí o la ley Trans. También quedan pendientes de recurso ante el TC la reciente reforma del Código Penal que elimina el delito de sedición o la Ley de Memoria Democrática, que entró en vigor el pasado mes de octubre, y que el primer partido de la oposición atacó duramente por haberse pactado entre el PSOE y las minorías nacionalistas y ampliar hasta finales de 1983 el reconocimiento de víctimas de vulneración de derechos humanos. Los populares consideran que eso "cuestiona" la Transición y “reescribe la historia”.

En este contexto, el Gobierno ha valorado muy positivamente este movimiento de los vocales del CGPJ, destacando que ha cumplido sus obligaciones, la ley y la Constitución, pese al retraso de más de tres meses y el “bloqueo provocado por el PP”. Eso sí, el Ejecutivo ha expresado su deseo de que este nuevo Tribunal Constitucional vuelva a “recuperar el prestigio, la objetividad y la credibilidad dañadas” tras la decisión de paralizar las enmiendas en la tramitación de la reforma del Código Penal, según informa Europa Press.

Desde Moncloa consideran que el bloqueo del PP es una prueba evidente de que el partido de la oposición “viene incumpliendo la Constitución y la ley a diario” y que Alberto Núñez Feijóo ha sido capaz de “tensionar” las instituciones hasta “límites insospechados”.

Por ello, una vez el CGPJ ha elegido ya sus dos nombres para el Constitucional, el Gobierno ha emplazado al PP a “reflexionar si era necesario llevar hasta el límite el Congreso, el Senado y el TC, dañar el prestigio del TC y de algunos de sus magistrados para, finalmente, no impedir que se cumpla la Constitución y que se renueve el Tribunal”.

Magistrados nombrados por unanimidad

El Gobierno considera que hoy es un gran día para la democracia, las instituciones y para la Constitución con estos dos nombramientos: “El PP no podrá nunca imponer su bloqueo frente al normal funcionamiento de la democracia”. Además, manifiesta que “el único que falta por cumplir con la Constitución y la renovación del CGPJ es el PP”. “El Gobierno desea la normalización de las instituciones de nuestro país que es por lo que lleva trabajando durante los últimos 4 años”, sostienen fuentes del Ejecutivo.

La Asociación Profesional de la Magistratura, Jueces y Juezas para la Democracia y la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria han celebrado este martes el acuerdo del CGPJ para elegir a sus dos candidatos a entrar en el Tribunal Constitucional y han elogiado el perfil profesional tanto de César Tolosa como de María Luisa Segoviano.

El miembro de la APM, Juan José Carbonero, ha señalado en declaraciones a Europa Press que con este acuerdo por unanimidad de las alas progresista y conservadora del CGPJ “se cumple con lo que dice la ley” sobre la renovación del tribunal de garantías.

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