El año 2023 ha estado caracterizado por las movilizaciones y las huelgas en la Administración de Justicia. Primero fueron los Letrados, quienes doblegaron al gobierno de Pedro Sánchez logrando unas importantes subidas salariales y mejoras en sus condiciones laborales. Del resultado de la lucha de los LAJ se aprovecharon también los jueces.
Evidentemente, esas mejoras de los Letrados ampliaban la diferencia de salario con los funcionarios de Justicia, quienes, con toda lógica y legitimidad, reclamaron que esos acuerdos también se aplicaran para esa parte de trabajadores de la administración. El gobierno de Sánchez se negó y se inició un conflicto laboral que derivó en dos meses y medio de huelgas.
Los trabajadores demostraron mucho más respeto al Estado de Derecho que el propio gobierno al suspender el conflicto por la celebración de las elecciones generales del 23 de julio.
Una vez investido Pedro Sánchez, con el elevadísimo precio que se ha pagado para que el secretario general del PSOE siga en la Moncloa, los representantes de los trabajadores han intentado reanudar la negociación con el nuevo ministro, Félix Bolaños, pero, según denuncian, el gobierno se ha negado.
Por esta razón, CCOO ha decidido reanudar la lucha obrera y hoy iniciará nuevas movilizaciones con una concentración de delegados ante el Ministerio de Justicia.
Los funcionarios exigen que el gobierno de Pedro Sánchez presente una oferta de incremento del complemento general del puesto en cantidades equiparables a las pactadas con las asociaciones profesionales de LAJ. Además, reclaman el inicio inmediato de las negociaciones de las leyes de eficiencia que deberán incluir el reconocimiento profesional y retributivo de su trabajo. También exigen a Bolaños el desarrollo del derechoy la retribución de la carrera profesional sin más dilación.
La negativa de la Administración Sánchez a reiniciar las negociaciones para solucionar este conflicto laboral ha provocado que ahora CCOO revindique la reposición del teletrabajo en los términos acordados en marzo de 2021.
El hecho de que un gobierno que se autodenomina progresista se niegue a negociar una mejora de las condiciones de los trabajadores ya cuestiona muchas de las cosas que desde el ejecutivo se afirman.
Sin embargo, lo que choca es que Pedro Sánchez haya regalado 15.000 millones a Cataluña a cambio de los votos del independentismo catalán mientras niega el pan y la sal a la clase trabajadora en los mismos términos que sí concedió a los estratos con una mayor percepción salarial. Tal vez, la tierra sólo es firme cuando a Sánchez le conviene.