El sindicato CGT ha denunciado el deterioro que se está produciendo en la gestión de prestaciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Según datos oficiales publicados en la web del INSS, se va a pasar de atender presencialmente a ocho millones de personas en 2019 a 2.300.000 de personas en 2022.
Esta situación está provocada por una resolución de la Secretaría de la Seguridad Social y Pensiones de mayo de 2021 con la que se pretende «garantizar y facilitar a los ciudadanos su derecho a relacionarse electrónicamente con la Administración de la Seguridad Social, priorizando este tipo de asistencia sobre la presencial, que quedaría de esta forma circunscrita a aquéllos supuestos en que el ciudadano no pueda acceder de otro modo a la atención que precise».
Esta medida está provocando unas consecuencias muy graves para la ciudadanía. Según CGT, los plazos de resolución de la jubilación han pasado de 7 días en 2015 a 22 días en 2022. Estos plazos cuentan desde que entran en el sistema. Sin embargo, con la plataforma «sin certificado digital» pueden tardar días. A esto hay que sumar 15 días más desde la resolución hasta que el pensionista recibe el primer pago. Por tanto, se está produciendo una interrupción de rentas.
El sindicato denuncia que los gestores del INSS solamente lanzan mensajes triunfalistas a través de las redes sociales. No obstante, el informe del Defensor del Pueblo del año 2021 comenta la dificultad de encontrar cita previa y que la atención telefónica está saturada. Por otro lado, establece que se ha producido interrupción de rentas en el Nacimiento y Cuidado del Menor, mencionando también la brecha digital que está produciendo entre las personas de más edad por «las dificultades que encuentran para poder realizar trámites básicos con la Administración de la Seguridad Social, al carecer de ordenador, conocimientos informáticos o herramientas para el uso de internet», afirma el informe del Defensor del Pueblo.
Déficit de plantilla
Respecto a la reducción de la plantilla, en las Jornadas de Directivos del INSS de Sevilla de este año, se confirmó que hay 3.457 vacantes, lo que supone un 27,3% de vacantes. CGT denuncia que es debido a la ley de estabilidad presupuestaria de Mariano Rajoy. Así, desde el año 2015 hasta el año de 2021, no se ejecutaron 164,55 millones de euros en personal que hubiera supuesto una plantilla con más de 800 personas.
Respecto a la atención telefónica, CGT denuncia el colapso de los teléfonos, ya que con la llegada del Ingreso Mínimo Vital (IMV) se realizó una encomienda de gestión de 150 personas, que no fueron renovadas en diciembre de 2020. «A día de hoy, calculamos que no hay más de 20 personas atendiendo el teléfono del IMV para toda España», denuncia el sindicato.
Por otro lado, si existe un retraso en la tramitación de las pensiones se puede abrir una incidencia a los dos meses, salvo en Madrid y en Tenerife que se hace a los cuatro meses, produciéndose una discriminación por residencia.
«Lo mismo ocurre en el resto de las prestaciones, así si hay problema en la inclusión de un beneficiario para la asistencia sanitaria, sobre todo de recién nacidos, la incidencia se hace en un mes, a los dos meses en Madrid y en Baleares no se puede realizar», afirman desde CGT.
La organización sindical señala, además, que no existe la Administración Electrónica en la Seguridad Social. «Por no existir, no existe un teléfono de soporte informático. En el INSS existe un registro electrónico para la ciudadanía con medios de autenticación digital y un pre registro electrónico para la ciudadanía que no disponga de certificado. Este último trámite supone hasta 7 pasos más que de hacerse presencialmente. Además, a día de hoy no se dispone de una aplicación informática del IMV, teniendo que utilizar la aplicación de la antigua Prestación Familiar, con los inconvenientes que ello implica», denuncia CGT.
Madrid es Mordor
La Dirección Provincial de Madrid del INSS es un ejemplo de lo que está ocurriendo. A pesar de la pérdida de la plantilla, ésta ha pasado en el 2020 de tramitar 3.353 expedientes al mes de jubilación a 4.353 en el 2022. En Incapacidad Temporal, de tramitar 1.301 expedientes al mes a 2.872 en 2022. Esto supone, respectivamente, un incremento del 29% y del 120% en la tramitación.
En mayo de 2019 había 1.293 pensiones pendientes frente a las 2.093 pensiones pendientes que existen en 2022, lo que supone un aumento del 61%. A esto hay que añadirle 1.245 reclamaciones previas pendientes de resolver, 1.704 expediente de revisión–instancia de parte, 298 expedientes de revisión de oficio y 21 sentencias según el artículo 192 de la Ley de Procedimiento Laboral.
Esto hace un total de 5.659 expedientes sin resolver en lo concerniente a la jubilación. Otro dato preocupante es que en mayo de 2022 se habían recibido 33.223 expedientes del IMV y solamente se habían admitido 5.461, rechazándose un 84% de las solicitudes.
Por último, la organización sindical CGT recuerda que en los años 2020 y 2021 presentó dos quejas ante la Institución del Defensor del Pueblo. Tras el oficio dictado por éste, entre otras medidas, el Secretario de Estado de la Seguridad Social anunció la modificación de las RPT para reforzar las áreas críticas.
«El refuerzo de las áreas críticas ha sido el siguiente: creación de 13 puestos de libre designación, destacando que se ha duplicado el número de vocales asesores de la directora general, una directora que gana más que el presidente del Gobierno, concretamente 90.000 euros en el año 2020, y que se ha rodeado de otros dos asesores más, con complementos específicos de 21.299 euros al año. Además, de subdirectores adjuntos y coordinadores de áreas. También han creado 214 comisiones de servicio, una parte importante con niveles 26 y 28. Creando 0 puestos en la atención presencial y en la telefónica», denuncia CGT.
La situación es de tal gravedad que se están haciendo recogidas de firmas digitales por parte de la ciudadanía por la imposibilidad de coger cita previa. A su vez CGT anuncia una campaña que se va a desarrollar con el lema «Internet para facilitar y no marginar, por la recuperación del personal en la Administración Pública»