Ecologistas en Acción ha presentado observaciones a la Estrategia Nacional de Gestión Cinegética que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha sometido a consulta pública. El texto presentado por el ministerio ha sorprendido por su avanzado estado de elaboración «sin que hayan sido previamente informados los correspondientes órganos de participación, singularmente el Consejo Forestal Nacional que no se reúne desde 2019. También por la ausencia de consultas previas con otras entidades que no sean órganos administrativos o miembros del lobby cinegético (federaciones, sociedades de cazadores y organizaciones de propietarios y gestores de cotos)», denuncian.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha marginado de sus conversaciones para la elaboración de este borrador a las entidades de carácter medioambiental, incluso a las que participan en consejos de caza, a las de protección animal y a las de usuarias y usuarios del medio natural. «A pesar de cómo afecta la caza a estas actividades, el ministerio ha aceptado la imposición de los grupos de presión cinegéticos de dejar fuera del debate a quienes muestren una posición crítica o simplemente discrepante respecto de la caza».
A partir de ahí, el texto de estrategia que se ha ofrecido a consulta pública es, para Ecologistas en Acción, muy decepcionante, «ya que implica una defensa de la caza, atendiendo a su presuntas aportaciones e ignorando todos sus impactos».
Otra cuestión que para los ecologistas «resulta especialmente llamativa» es que en la estrategia dé por válida la Ley de Caza de 1970, suscrita por Francisco Franco, y toda la normativa de las Comunidades Autónomas heredera de la misma. «Dicha ley sigue en vigor en aquellos territorios que no tienen ley propia (por ejemplo, Catalunya y Madrid), y sería la referencia en caso de que decayera alguna de las leyes autonómicas».
Ecologistas en Acción exige un replanteamiento de la estrategia del ministerio, empezando por el procedimiento. En este sentido, reclama «que si se insiste en tramitar este documento se someta a evaluación de impacto ambiental, ya que marcaría directrices para actuaciones que pueden tener un serio impacto en la biodiversidad y en el territorio. También es preciso que en el análisis de la situación del sector se tengan en consideración informes independientes, y no solo los que determinados agentes del lobby cinegético han entregado en los despachos del ministerio».
Finalmente, piden al Gobierno de España «que se deje de apoyar la caza bajo premisas falsas sobre su aportación a la conservación del medio natural, al control de poblaciones o al reto demográfico, y se observe el altísimo nivel de insostenibilidad que ha alcanzado, poniendo en riesgo las propias especies que aprovecha, así como la contribución a la crispación y al engaño en el debate sobre la España rural».