La revolución digital está provocando que las leyes de protección a los consumidores tengan que renovarse cada poco tiempo. En la Unión Europea, por ejemplo, se han dictado cuatro directivas desde el año 2011.
Sin embargo, en España no es así. Varias comunidades autónomas llevan sin renovar sus normativas de consumo desde hace más de 20 años. Destaca sobremanera la Comunidad de Madrid, cuyos gobiernos han pertenecido al Partido Popular desde el año 1995. Actualmente, está presidida por Isabel Díaz Ayuso y, en los últimos años de gobierno, tampoco se ha hecho nada para actualizar las leyes que protegen al consumidor de los abusos de las grandes empresas y los bancos.
Otras comunidades que están en la misma situación son Murcia (PP), Andalucía (PP) y Canarias (PSOE). Por otro lado, Asturias (PSOE), Cantabria (PRC) y Aragón (PSOE) llevan sin reformar estas leyes desde el año 2006.
La lista continúa en País Vasco, cuyo estatuto data de 2011, Galicia legisló en 2012, La Rioja, en 2013, Cataluña e Islas Baleares hicieron lo propio en 2014, y Castilla y León, en 2015. Sólo cuatro comunidades autónomas tienen sus leyes actualizadas desde hace 5 años: Extremadura, Valencia y Castilla-La Mancha, en 2019 y Navarra, el año pasado.
En este sentido, una mera comparación entre la legislación más avanzada, que ofrece la Ley Foral de Navarra de 2022, y la más antigua, de la Comunidad de Madrid. Según la Asociación de Usuarios Financieros (ASUFIN), los gobiernos que salgan de las urnas el 28 de mayo deberían legislar sobre:
- Obsolescencia tecnológica. Derecho a una garantía de funcionalidad con arreglo al ciclo de vida útil, también en el contexto de la economía circular y más sostenible.
- Datos y privacidad. Derecho a la seguridad y privacidad en las relaciones de consumo que derive en un mayor desarrollo en la regulación de protección de los datos.
- Resolución extrajudicial de conflictos. Incorporación de este recurso como vía para la descongestión de nuestros tribunales.
- Vulnerabilidad. Reconocimiento de realidades y supuestos de protección especial. Proponemos asimismo introducir un concepto novedoso, como el del empoderamiento financiero y digital, haciendo hincapié en los colectivos vulnerables.
- Transparencia. Las regulaciones más antiguas desarrollan el derecho a la información. Pero el concepto de transparencia permite poner el foco también en la obligación de los proveedores a la hora de trasladar información relevante al consumidor.
- Cláusulas no negociadas individualmente. Nuevas previsiones que excluyan expresamente las abusivas, ilegibles o incompresibles.
- Derecho al medioambiente saludable. Permitiría desarrollar políticas públicas e iniciativas privadas, así como combinadas, en favor de este derecho que afecta a las generaciones presentes y futuras.
- Derecho a la soberanía alimentaria. En línea con lo anterior, y por coherencia con las políticas y estrategias de sostenibilidad de la propia industria.
- Servicios de atención al cliente. Incorporación de la obligación de los servicios de atención a la clientela e información accesible a los consumidores.
- Educación financiera. Desarrollar políticas encaminadas a que el consumidor esté en el centro no sólo como sujeto de protección sino como sujeto activo en la relación de consumo, como incorpora la regulación más novedosa, de Navarra.