Según se puede comprobar en el Boletín Oficial del Estado, durante el gobierno de José María Aznar, se concedieron los indultos a José Ramón Manzanares Codesal, condenado por un delito continuado de prevaricación judicial, a la pena de dos años y seis meses de inhabilitación especial de empleo o cargo público, con pérdida definitiva del cargo de Juez e incapacidad para obtener dicho cargo u otro cargo.
El decreto de indulto estaba firmado por el entonces ministro de Justicia, José María Michavila, y por el rey Juan Carlos.
Por otro lado, el Ejecutivo de Aznar indultó al magistrado Francisco Javier Gómez de Liaño, quien fue condenado por un delito continuado de prevaricación a la inhabilitación especial para empleo o cargo público por el tiempo de quince años. Este indulto venía acompañado por un informe de la Fiscalía contrario a esta medida.
El decreto de indulto estaba firmado por el entonces ministro de Justicia, Ángel Acebes, y por Juan Carlos I.
Indulto a la corrupción judicial
Según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el delito de prevaricación es corrupción, junto a otros como el cohecho, la malversación de fondos, el tráfico de influencias, además de los delitos relacionados con la ordenación del territorio, el urbanismo y el patrimonio histórico.
Por tanto, mientras hoy el PP vivirá una orgía patriotera en la Plaza de Colón contra los indultos a los líderes del procés catalán, con toda la parafernalia del nacionalismo hispánico, con los gritos de rigor del Movimiento Nacional, la realidad es que durante los gobiernos de Aznar se indultó a personas que habían cometido el delito más grave que puede cometer un juez.
España, el paraíso de la corrupción judicial
España es el país donde más descrédito tiene la Justicia y donde la corrupción judicial es sistémica. Según los datos del Eurobarómetro realizado a las empresas españolas, éstas tienen una percepción muy negativa de la independencia de los jueces y los tribunales por las presiones por intereses económicos de las entidades involucradas en las causas judiciales.
El propio CIS recoge la mala consideración que tienen los españoles sobre la Justicia y la corrupción de los jueces, que consideran en un 80% que es bastante o muy necesaria una reforma de la Administración de Justicia porque al 59% les inspira poca o ninguna confianza, puesto que el 51% considera que el grado de independencia de los jueces es bastante bajo o muy bajo por su politización y corrupción.
Dentro del propio poder judicial existen profesionales que, desde el anonimato, por temor a las represalias, han reconocido la existencia de presiones y sobornos para orientar la resolución de asuntos en una dirección determinada. Así se refleja en el resumen de los informes de la Red Europea de Consejos Judiciales sobre las encuestas sobre percepción de independencia realizadas entre jueces europeos.