El presidente del Consejo General del Poder Judicial, p.s., el vocal Rafael Mozo, ha inaugurado hoy en el Senado el VIII Congreso del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, que reunirá a cerca de 400 personas entre invitados y asistentes para analizar los avances y los posibles errores en la lucha contra la violencia de género y poner en común las soluciones.
Mozo ha expresado su repulsa a la violencia contra las mujeres, que ha calificado de “gravísima violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales”, y ha señalado que es un problema que afecta a toda la sociedad, razón por la que “todos debemos involucrarnos en la búsqueda de soluciones eficaces”.
La respuesta judicial ante un fenómeno de tanta gravedad debe ser “contundente”, ha afirmado Mozo, quien ha garantizado que ese es el compromiso del CGPJ y del conjunto de los jueces y juezas que integran la Carrera Judicial. Además de la contundencia, la Justicia debe ser capaz de trasladar a las víctimas de la violencia de género que “no están indefensas, que ningún maltratador va a quedar impune y que las instituciones van a estar de manera firme y rotunda a su lado para ayudarlas”, ha subrayado.
El rechazo a la violencia de género crece día a día, al mismo tiempo que lo hacen la sensibilización institucional y la concienciación social. Pese a ello, ha afirmado, “la eliminación de esta lacra sigue siendo todavía hoy un reto y una tarea pendiente”, como muestra la cifra “inaceptable” de 38 mujeres asesinadas en lo que va de año.
El presidente del órgano de gobierno de los jueces ha concluido su intervención expresando su reconocimiento a la “decisiva” labor desarrollada por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género “aumentando la eficacia de la Administración de Justicia en la erradicación de esta violencia; mejorando la coordinación entre instituciones mediante la elaboración y promoción de protocolos de actuación; participando en otros organismos colegiados administrativos o institucionales e impulsando la creación de las comisiones provinciales de coordinación contra la violencia de género”.
Por su parte, la presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona, ha mostrado su convicción en que este VIII Congreso “contribuirá a reforzar y mejorar la aportación y actuación de cada una de las instituciones” representadas en la reunión, a las que ha apelado a seguir trabajando de forma coordinada y a seguir aunando esfuerzos para acabar con la violencia de género y con unas cifras de víctimas que resultan “inasumibles”.
Durante la octava edición del Congreso del Observatorio, que se celebra desde el año 2003, los expertos abordarán, entre otros temas de interés, la coordinación entre instituciones, el papel de la sociedad civil, la respuesta especializada frente a las diversas manifestaciones de la violencia de género, las novedades legislativas en relación con la protección conjunta de las madres y sus hijos e hijas o la extensión de las medidas de protección en todas sus vertientes. El acto inaugural ha contado también con la intervención, entre otras autoridades, del presidente del Senado, Ander Gil García; de los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Igualdad, Irene Montero; y del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Abogacía
La presidenta de la Abogacía Española, Victoria Ortega, ha pedido mayores recursos para que los Colegios de la Abogacía puedan gestionar un servicio de guardia permanente en materia de violencia de género.
“A pesar del sobreesfuerzo voluntarista de los letrados y letradas que integran estos servicios, la escueta dotación de medios asignada por la Administración hace que sea difícil asumir de manera simultánea la presencia en varios partidos judiciales del abogado de guardia”, ha señalado Ortega en la inauguración del VIII Congreso del Observatorio contra la Violencia Doméstica del CGPJ.
Ortega ha hecho alusión al artículo 20 de la Ley 1/2004 que exige que la asistencia en favor de la mujer víctima de violencia de género sea inmediata, “lo que implica una organización del servicio por parte de los Colegios de Abogados compleja”.
Junto a esto, ha solicitado el carácter preceptivo de la asistencia letrada a las víctimas de maltrato desde el momento previo a la interposición de la denuncia y su formulación: “Creo -y nadie de los aquí presentes dudará- que en esas circunstancias lo que más se reclama es la seguridad, apoyo, que claramente puede ser otorgado desde la asistencia jurídica. Ese apoyo en el momento anterior evitará circunstancias como la retirada de denuncias o la no ratificación de las denuncias ya interpuestas”.
Además, hizo hincapié en la importancia de la coordinación institucional “para combatir uno de los dramas más terribles de nuestro tiempo”.
Todo esto, ha recalcado, debe ir acompañado de la formación en los aspectos técnicos que permiten llevar a cabo una defensa eficaz. “Es necesario que se posibilite desde los Colegios la exigencia de la formación continua de letrados y letradas adscritos a este turno, de forma que se renueve y actualice la información y conocimiento inicialmente adquiridos”.
Todos los intervinientes han coincidido en la importancia de la coordinación entre las instituciones y de conseguir la excelencia en el ámbito de la formación.
