Los partidos de la Transición, lo que algunos han dado enllamar el «régimen del 78» siempre han estado en contra de cualquier movimientopopular que pusiera en peligro la imagen de la monarquía. Tanto el PP como elPSOE se han opuesto siempre a cualquier iniciativa parlamentaria que derivaraen acciones contrarias a los intereses de la institución impuesta por Francopara ocupar la Jefatura del Estado.
Sin embargo, en el caso de los negocios del rey Juan Carlos elpaís se está enfrentando al lamentable espectáculo de ver a los dos grandespartidos, unidos a la ultraderecha de Vox, impidiendo que el lugar donde residela soberanía popular investigue un caso de presunta corrupción que, además,está siendo investigado por la Justicia española y la internacional.
El argumento de la inviolabilidad del rey emérito ya nosirve para justificar el cierre a la posibilidad de que Juan Carlos de Borbóntenga que testificar ante los diputados elegidos democráticamente por el pueblo,puesto que se trata de hechos acaecidos una vez que abdicó y, por tanto, perdióesa inviolabilidad.
Así lo ha indicado el secretario primero del Congreso,Gerardo Pisarello, en una entrevista concedida a Radio Nacional de España, alafirmar que ya no vale el argumento de la inviolabilidad porque, además, el reyJuan Carlos ya está siendo investigado por la Fiscalía del Tribunal Supremo porla presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales y evasión fiscalpor las supuestas comisiones cobradas a cuenta del proyecto del AVE a La Mecaque fueron denunciadas por la ciudadana alemana Corinna zu Sayn-Wittgenstein,la «amiga entrañable» del monarca.
Tanto Unidas Podemos como los partidos nacionalistas,independentistas y Más Madrid han registrado esta semana nuevas peticiones deabrir una comisión de investigación sobre estos hechos, sobre las que la Mesadel Congreso deberá pronunciarse esta semana y ahí se verá si los partidos dela Transición (PP y PSOE) junto a Vox seguirán utilizando el argumento de lainviolabilidad para oponerse a las mismas, una argumentación que, por cierto,no tiene ningún sustento jurídico y que ni siquiera lo ha defendido el TribunalConstitucional.
Pisarello, en la entrevista, ha puesto mucho énfasis en el hechode que se está ante algo nuevo: el rey Juan Carlos puede estar involucrado en«asuntos graves de interés público, como pueden ser unas relaciones diplomáticasy comerciales con otro país de las que pueden derivar delitos», ha afirmado.