El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha tomado una decisión radical que llevará al colapso absoluto de unos servicios públicos que son esenciales para las familias más vulnerables. En concreto, ha cesado a 1.500 trabajadores interinos con décadas de experiencia laboral mientras se mantienen cientos de plazas vacantes.
Ante esta gravísima situación, la Federación Estatal de Trabajadores de las Administraciones Públicas de la Confederación General del Trabajo (FETAP-CGT) denuncia el grave deterioro del SEPE ante la falta de personal. Lejos de cumplir con los objetivos previstos, el proceso de estabilización de empleo se ha saldado hasta el momento con la pérdida neta de plantilla en un organismo que ya presentaba graves carencias de personal.
Con numerosas plazas vacantes aún sin cubrir y sin plazo establecido para su adjudicación, 1.012 trabajadores han sido cesados el 16 de mayo, y otros 408 se verán en la misma situación en pocas semanas.
Entre los ya cesados, se calcula que sólo un 25% tomará posesión de su plaza en el Cuerpo General de Auxiliares de la Administración del Estado tras haber superan las pruebas selectivas. El resto, muchos de ellos en situación de abuso de temporalidad, supone un capital humano de enorme valor -por tratarse de una plantilla que acumula muchos años de experiencia- y cuya pérdida golpea la capacidad de gestión y el día a día del organismo.
Lo mismo ocurre con los 408 interinos del Cuerpo de Gestión de la Administración del Estado. Apenas un cinco por ciento ha superado el proceso selectivo, aprobado por un total de 277 personas. Se da la circunstancia de que, además, no existe previsión de procedimiento ni de fechas para la cobertura de las 131 plazas que quedan vacantes.
A esta situación se llegatras unos exámenes muy similares, por no decir idénticos, tanto para turno libre como para promoción interna y estabilización y resalta la paradoja de que el proceso, que supuestamente debería reforzar el SEPE y regularizar la precaria situación de su plantilla, ha desembocado en pérdida de empleo, agravamiento de la carencia de personal y merma en la eficacia al desprenderse de los trabajadores más experimentados.
Indemnizaciones, mejora del servicio y cobertura de plazas
Los afectados son trabajadores que acumulan una media de más de 20 años en abuso de temporalidad y que serán cesados sin indemnización alguna pese a que, a través de la impugnación por vía judicial, hay recientes sentencias que reconocen el derecho a retribución económica tras el cese.
Según indica el sindicato CGT "no es el momento de prescindir de personal cualificado y con experiencia mientras se agrava la ya delicada situación de un organismo de cuya eficiencia dependen prestaciones vitales para colectivos muy vulnerables."
Solo en la Dirección Provincial de Madrid, hay oficinas con menos de cinco empleados en total, con departamentos como Revocaciones, Cobros Indebidos o el de Colectivos Especiales en situación de parálisis y con demoras de hasta dos y tres meses en el cobro de las prestaciones por desempleo. En cuanto a la resolución de ERTES, aún hay expedientes COVID pendientes desde 2020 que no son resueltos ante la urgencia de, al menos, gestionar la entrada y tramitación de las nuevas solicitudes.