Una de las aplicaciones de mensajería instantánea que se ha convertido en algo más que una herramienta de comunicación entre personas es Telegram. Desde hace su creación esta aplicación ha sido utilizada por activistas, periodistas, grupos de extrema derecha y extrema izquierda por su arquitectura de privacidad frente al control de otras herramientas. Sin embargo, también está siendo utilizada para la generación de campañas de desinformación o la difusión de bulos o de información no contrastada y manipulada.
La arquitectura misma de Telegram favorece este uso: sus canales pueden alcanzar audiencias masivas sin revelar quién envía los mensajes, y los grupos cifrados garantizan conversaciones cerradas donde los moderadores pueden expulsar a voces disidentes. Además, la plataforma carece de un mecanismo de apelación efectivo: las denuncias de contenido extremista se pierden entre procesos manuales y un opaco “equipo de cumplimiento” con sede en Dubái.
El impacto político y social ya es tangible. La facilidad para compartir enlaces de financiación, coordinar acciones de calle y difundir teorías conspirativas ha contribuido a reavivar movilizaciones violentas en varios países.
Sin embargo, los estados ya han puesto sus ojos en esta aplicación. España no es ajena a esta tendencia. Sin embargo, aquí lo que sorprende es el incremento brutal de las reclamaciones de información sobre usuarios y canales recibidas por Telegram. Sólo en el primer trimestre de 2025 se ha más que duplicado respecto a los datos de todo el año 2024. Esas solicitudes proceden de órganos judiciales y policiales.
En concreto, según las cifras publicadas por la propia aplicación de mensajería España realizó en 2024 un total de 213 solicitudes de información respecto a 518 usuarios. En el primer semestre del año pasado, las reclamaciones fueron 22 sobre 85 usuarios. Sin embargo, las cifras de Telegram indican que en el segundo semestre ya se produjo un incremento muy radical. Los organismos del Estado español realizaron 191 solicitudes de información sobre 433 usuarios de la aplicación. Por tanto, el incremento en solo 6 meses fue del 868%.
El repunte del primer trimestre de 2025 es aún más radical: 493 reclamaciones de información de 1129 usuarios. Es decir, un incremento en solo 3 meses de un 258% de solicitudes y del 261% de usuarios.
España se sitúa de este modo en el quinto lugar a nivel mundial de reclamaciones de información sobre usuarios de Telegram, por encima de Reino Unido, Italia e, incluso, de autocracias como Emiratos Árabes, Hungría, Kazajstán o Turquía.
Telegram, paraíso digital de la extrema derecha
Desde su fundación en 2013, Telegram ha cultivado la reputación de oasis digital para quienes buscan escapar de la vigilancia y la moderación de redes sociales como Facebook o Twitter (ahora X). Esa promesa de privacidad y libertad, sin embargo, se ha convertido en un imán para grupos de extrema derecha que hallan en sus canales y grupos cerrados el entorno perfecto para difundir propaganda radical, organizar movilizaciones y reclutar adeptos sin riesgo de ser expulsados.
La migración desde las redes sociales tradicionales a Telegram se aceleró tras el asalto al Capitolio en enero de 2021, cuando se endurecieron sus políticas contra el discurso de odio y la desinformación. Personajes como Alex Jones, Milo Yiannopoulos y Laura Loomer encontraron refugio en canales de Telegram que en pocos meses sumaron cientos de miles de seguidores. El extremista estadounidense Nick Fuentes, por ejemplo, vio dispararse suscriptores a su canal tras su expulsión de YouTube, y las plataformas de Alt Right pasaron de un puñado de grupos a más de 300 canales en apenas un año.
En Europa, el fenómeno no fue menor. Grupos neonazis alemanes como Oldschool Society y Uniter aprovecharon Telegram para coordinar encuentros y difundir manuales de “defensa civil” entre supuestos simpatizantes. Una investigación de la Agencia Estatal de Medios de Renania del Norte-Westfalia cifró en más de 600 los canales relacionados con ideologías de ultraderecha que operaban en su jurisdicción a mediados de 2020, muchos de ellos impunes gracias a la débil supervisión de Telegram frente a las autoridades nacionales.
En España, Vox y sus satélites mediáticos encontraron también en Telegram un canal privilegiado. El partido de extrema derecha montó grupos cerrados para miembros y simpatizantes donde circulaban “reportajes” sobre migración y género, a menudo cargados de desinformación y lenguaje incendiario. Estudios publicados en Prisma Social muestran cómo, en las campañas de 2019 y 2021, las cuentas oficiales de Vox en Telegram difundieron mensajes de crítica constante, desinformación y llevaron a cabo cuñas de video y audio con una intensidad y personalización del líder que rozó la propaganda más directa.