España ha recibido una oleada de críticas por parte de cinco países de la Unión Europea y de la propia Comisión Europea, tras presentar un proyecto normativo que, según los denunciantes, podría limitar de forma injustificada la libre circulación de mercancías en el mercado común. El texto, que pretende regular productos como cigarrillos electrónicos, bolsas de nicotina o hierbas para calentar, ha sido cuestionado por su supuesta desproporcionalidad y falta de justificación sanitaria clara.
Italia, Suecia, Grecia, Rumanía y República Checa han elevado sus objeciones a través de dictámenes razonados en el sistema TRIS, un mecanismo que exige a los Estados miembros notificar a la Comisión Europea cualquier proyecto de regulación técnica con posible impacto en el mercado interior antes de su aprobación definitiva.
Suecia ha sido especialmente crítica, calificando la propuesta española de "prohibición de facto" al limitar el contenido de nicotina a 0,99 miligramos por bolsa. Según el gobierno sueco, esta restricción excluye todos los productos actualmente comercializados, vulnerando los artículos 34 y 35 del Tratado de Funcionamiento de la UE. Además, ha subrayado que el "snus", uno de los productos afectados, ha tenido un papel clave en la reducción del tabaquismo en su país.
Italia se ha expresado en términos similares, advirtiendo que la norma choca con el principio de libre circulación y podría introducir un obstáculo al comercio en el mercado único. Grecia, por su parte, ha acusado a España de imponer restricciones desproporcionadas en el etiquetado y ha rechazado el límite de nicotina como una medida contraria al artículo 36 del TFUE.
Rumanía ha puesto en duda la proporcionalidad y necesidad de la regulación española, señalando que no existen pruebas suficientes de un riesgo significativo para la salud pública que justifiquen tales restricciones. Ha sugerido alternativas menos restrictivas, como la limitación de venta por edad, ya vigente en su territorio. La República Checa ha defendido que los sobres de nicotina no contienen tabaco ni generan humo, por lo que considera que prohibir productos con niveles inferiores a los autorizados en otros Estados supone una traba injustificada al comercio intracomunitario. Aunque Croacia también ha intervenido, su postura ha sido más moderada, instando simplemente a España a considerar si su objetivo sanitario podría alcanzarse mediante otras vías menos restrictivas.
La Comisión Europea también ha emitido observaciones críticas, señalando imprecisiones y definiciones ambiguas en el borrador español, como en el caso de los cigarrillos electrónicos desechables y el concepto de “producto relacionado”. Además, ha advertido sobre la necesidad de ajustar la definición de nicotina y de “ingredientes peligrosos”, para no contradecir la Directiva 2014/40/UE, que regula los productos del tabaco a nivel comunitario.
En conjunto, estas reacciones sitúan a España en una posición delicada dentro del contexto comunitario. El Gobierno deberá decidir ahora si modifica su propuesta para alinearla con las exigencias del mercado único europeo, o si sigue adelante con su planteamiento actual, asumiendo un posible conflicto legal y político con sus socios europeos.