El subsecretario de Transportes, Jesús Manuel Gómez, imputado en el Caso Koldo que instruye el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, se queda sin defensa. Ya no podrá representarle el abogado del Estado. Gómez ha sido cesado por lo que perderá la posibilidad de ser representado por los servicios jurídicos del Estado. El otro alto cargo del ministerio de la etapa de José Luis Ábalos, Michaux Miranda, director general de gestión de personal de Adif, también ha sido cesado y ya no queda ningún alto cargo de confianza del anterior ministro después de que se haya conocido la auditoría encargada por el actual titular, Oscar Puente, en la que se revelan numerosas irregularidades en la compra de mascarillas efectuadas por el propio ministerio y sus organismos públicos. Se estrecha el cerco al exministro quien justificó su permanencia en su escaño de diputado “para defenderse mejor”. A Ábalos le queda escaso margen de maniobra porque se da por hecho que tenía que conocer lo que estaba sucediendo en el departamento cuando se ha evidenciado a través de correos electrónicos que su subsecretario presionó para que se adjudicasen contratos de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión sobre la cual giran todas las pesquisas que lleva a cabo el magistrado de la Audiencia Nacional.
En este mismo medio se había denunciado como una irregularidad la defensa de Gómez por parte de la abogacía del Estado. El fiscal había dirigido un escrito al instructor en el cual señalaba que no se oponía a que el exsubsecretario eligiese la defensa que considere oportuna pero advirtiendo del choque de intereses en el que podrían incurrir los servicios jurídicos del Estado porque “si bien actualmente no ha sido interesada la personación de la abogacía del Estado como acusación particular ante el eventual delito contra la hacienda pública, a efectos de evitar intereses contrapuestos de conformidad con el artículo 5 de la ley de Asistencia Jurídica del Estado e Instituciones Públicas, se ha de dejar constancia de la posible incompatibilidad de asumir en el mismo procedimiento la doble condición de acusación y defensa a los efectos oportunos”. De momento, a los que fueron altos cargos con José Luis Ábalos sólo se les acusa de tráfico de influencias, pero, tras las argumentaciones expuestas en la auditoria, es más que probable que el juez amplíe las imputaciones a delitos de malversación y contra la hacienda pública. Y si esto ocurre, deberá personarse la Agencia Tributaria y su representante legal es el abogado del Estado. De ahí la incompatibilidad señalada por el fiscal anticorrupción, Alejandro Cabaleiro.
La auditoría es concluyente, según el ministro Puente: “Parece evidente que los requisitos exigibles para las compras mediante contratos de emergencia no se cumplieron”. Según los documentos aportados, el ministerio duplicó la primera compra de mascarillas en apenas 38 minutos. El departamento de Ábalos envió en ese intervalo una orden que modificaba un primer pedido de casi 4 millones de mascarillas a 8 millones. Al final, el departamento acabó pagando 20 millones por esa compra. “Con fecha 20 de marzo de 2020, a las 19:55h, desde el buzón del gabinete del ministro se remite al subsecretario una orden firmada por el ministro por la que se regula la adquisición y distribución de un máximo de 4 millones de mascarillas por parte del ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Sin embargo, el mismo día 20 de marzo, a las 20.33 h, desde el mismo buzón se le remite una nueva orden firmada por el ministro que anula la anterior, y en la que se regula la adquisición y distribución de un máximo de 8 millones de mascarillas por parte del ministerio”, señala el informe donde se destaca que se le preguntó al subsecretario Gómez el porqué de este cambio y contestó que eran exigencias del vendedor: “o se compraban 8 millones o nada”.
La investigación interna dice al respecto que “no puede menos que llamarse la atención sobre que esta modificación en el objeto de la emergencia no se ajusta a los criterios exigibles en una tramitación de estas características, dado que se considera no adecuadamente resuelta la justificación del alcance (número de mascarillas a adquirir) de la emergencia”. Eso, por una parte. Además, hay que señalar que está probada la relación de la empresa proveedora, Soluciones de Gestión con el principal implicado en la causa, el exasesor, Koldo García. Y, por último, el propio subsecretario Gómez se justifica porque las órdenes iban firmadas por el mismísimo Ábalos de su puño y letra.
Por lo tanto, el exministro tiene escaso margen de maniobra. Si la documentación que prueba irregularidades en la compra del material sanitario lleva su firma no puede eludir su responsabilidad. Al menos la política. Luego deberá ser el juez Moreno el que decida si procede a imputarlo. Estamos en otra causa donde hay que establecer cierto paralelismo con la situación de aforamiento de los presuntos implicados. Los instructores son conscientes de que cambiar su estado significa trasladar la causa al Tribunal Supremo. Y, a veces porque no les interesa a los propios jueces y otras por evitar más carga de trabajo a la corte suprema, se prefiere soslayar ese tipo de complicaciones.
Pero el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno no es de los que eluden ese tipo de complicaciones. Y si hay suficientes indicios como para imputar a Ábalos lo va a hacer, aunque tenga que mandar la causa al Supremo. El exdirigente socialista ya dijo en su momento que si, al final, la justicia le consideraba responsable penalmente, el mismo dejaría su escaño. Tal vez ahora, con los resultados de la investigación interna llevada a cabo por su sucesor, Óscar Puente, haya llegado el momento de considerar ese gesto.