Feijóo aprieta el acelerador. El líder de la oposición se esfuerza por tratar de crear el mismo ambiente de decadencia y corrupción que acabó con el felipismo en 1996. “El Gobierno está rodeado de podredumbre”, asegura. Y añade: “Trasladar la necesidad de un cambio en España, una política limpia, un Gobierno decente y un presidente intachable". Alude así a las últimas revelaciones sobre el caso Koldo, que acorralan al exministro de Transportes José Luis Ábalos, y sobre el sumario Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, por el polémico máster para la Universidad Complutense de Madrid.
Sin embargo, el partido de Feijóo, el hombre que se presenta a sí mismo como símbolo de la regeneración, no está precisamente para sacar pecho. Actualmente, el Partido Popular sigue teniendo abiertas al menos 30 causas judiciales relacionadas con casos como Gürtel, Lezo, Púnica, Erial y Kitchen, entre otras. Estos procedimientos judiciales por corrupción persiguen al PP desde 2009. Unos sumarios están terminados; otros pendientes de señalamiento de juicio o a la espera de que comience la vista oral.
Recientemente, el penúltimo juicio relacionado con la trama Gürtel quedó visto para sentencia en marzo de 2025. En este proceso, la Fiscalía Anticorrupción presentó pruebas contundentes contra 19 acusados, de los cuales 18 admitieron los delitos a cambio de reducciones en sus penas. La Fiscalía Anticorrupción ha subrayado la “abrumadora” prueba existente contra las 19 personas que se han sentado en el banquillo de la Audiencia Nacional por las maniobras urdidas hace dos décadas por la trama Gürtel en el Ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid), gobernado entonces por el PP. El caso Gürtel abarca múltiples líneas de investigación, y ya se han dictado sentencias en varias de ellas. Por ejemplo, el Tribunal Supremo confirmó en 2020 penas de hasta 51 años de prisión para algunos implicados y ratificó la responsabilidad civil del Partido Popular como partícipe a título lucrativo.
El caso Kitchen, que investiga el presunto espionaje del PP a su extesorero, Luis Bárcenas, sigue más vivo que nunca. Aunque algunas piezas del caso han sido archivadas, el juicio principal está programado para mayo de 2026. Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior, y Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad, se sentarán en el banquillo. Ambos se enfrentan a una petición de 15 años de cárcel por esta supuesta operación parapolicial, presuntamente orquestada desde el Ministerio del Interior durante el primer Gobierno de Mariano Rajoy.
Otro caso es la trama Púnica. El pasado 7 de abril, un tercio de los acusados por irregularidades en contratos de este caso por 224 millones de euros reconoció los hechos, informa TVE. Trece de los 36 acusados en la pieza por la adjudicación irregular entre 2012 y 2014 de contratos municipales han confesado los hechos. También son juzgados otros cinco exalcaldes del PP que no han reconocido haber cometido los delitos de los que están acusados. La Audiencia Nacional ha iniciado con cuestiones previas el juicio por esta causa, en el que los acusados se enfrentan a peticiones de pena de Fiscalía y acusaciones de hasta 20 años de prisión por la actividad de esta trama en diversos ayuntamientos, la mayoría con alcaldes del PP, para que concedieran a una empresa adjudicataria contratos a cambio de comisiones y dádivas.
El caso Erial, que involucra al expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro de Trabajo Eduardo Zaplana, está casi resuelto, pero seguirá dando que hablar. En octubre de 2024, la Audiencia Provincial de Valencia condenó a Zaplana a 10 años y 5 meses de prisión por delitos de corrupción. Además, se le impuso una multa de más de 25 millones de euros y varias inhabilitaciones para empleo público y ejercicio profesional. Actualmente, Zaplana ha recurrido esta condena ante el Tribunal Supremo, alegando que se basa en pruebas “prefabricadas” y en irregularidades durante la investigación. El Alto Tribunal aún no se ha pronunciado.
Rodrigo Rato, exministro de Economía y expresidente de Bankia, fue condenado en diciembre de 2024 a 4 años y 9 meses de prisión por delitos de fraude fiscal, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares. Además, se le impuso una multa de más de 2 millones de euros y se le ordenó devolver 568.413 euros a la Hacienda Pública. Rato calificó la sentencia de “injusta” y también anunció que la recurrirá ante el Tribunal Supremo. El asunto, por tanto, está pendiente de recurso.
Por su parte, el caso Taula, que investiga la presunta financiación irregular del PP de Valencia, sigue avanzando en los tribunales. El juicio por la pieza separada K se ha retomado hace unos días ante la sección tercera de la Audiencia Provincial de Valencia, tras dos suspensiones anteriores, con un enfrentamiento entre dos de las defensas y el representante de la Fiscalía Anticorrupción a cuenta de las pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. En el banquillo se sientan exalcaldes y empresarios, informa eldiario.es. Se trata de una rama menor de la macrocausa nacida de la pieza separada D, en la que todos los acusados fueron absueltos.
Son solo algunos ejemplos de sumarios que siguen coleando en los tribunales y que despiertan un fuerte hedor a corrupción o, como dice Feijóo, “a podredumbre”. Antes de dar lecciones de ética y moral, el líder del Partido Popular debería mirar cómo tiene su patio interior, ya que no ha conseguido limpiarlo todavía. Hay demasiada suciedad en el PP, tanta que puede dar para años de investigación. Debería taparse un poco el gallego y no hacer alarde de algo (la limpieza y pureza de su partido) de lo que no puede presumir.