Alberto Núñez Feijóo ha decidido convertir el apagón eléctrico que afectó a la Península Ibérica en una ofensiva política de amplio espectro contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Lo que debería haber sido un asunto técnico, abordado con rigor institucional y en coordinación con organismos especializados, se está transformando en un nuevo frente de confrontación, diseñado estratégicamente desde la sede nacional del Partido Popular.
El pasado lunes, en una reunión de su núcleo duro en Génova, el líder del PP ultimó su hoja de ruta. El objetivo no era tanto esclarecer lo ocurrido como “dilucidar responsabilidades políticas” a través de una investigación que el propio PP considera que no puede llevar a cabo el Gobierno, por considerarlo “no fiable”. La propuesta estrella: una auditoría internacional independiente. Detrás del argumento de la desconfianza institucional, se esconde un mensaje calculado: minar la credibilidad del Ejecutivo ante la opinión pública nacional e internacional.
El PP ha desplegado su plan en distintos frentes. En el Congreso, prepara una batería de comparecencias: la del propio Pedro Sánchez, la vicepresidenta primera María Jesús Montero, la presidenta de la CNMC y hasta una posible comisión de investigación parlamentaria. En paralelo, en el Parlamento Europeo, ha forzado un debate sobre el apagón, acusando al Gobierno de inacción y opacidad. La portavoz popular en Bruselas, Dolors Montserrat, ha ido más allá, al afirmar que “toda Europa ha podido ver la incompetencia de este Gobierno”.
Del problema técnico al ataque reputacional
El dramatismo con el que el PP describe el episodio contrasta con la ausencia de datos nuevos o reveladores. Han pasado varios días desde el colapso energético, y aunque aún se desconocen las causas exactas, las autoridades competentes —nacionales e internacionales— están trabajando en esclarecerlas. Pese a ello, Feijóo insiste en presentar la falta de información como una maniobra deliberada, alimentando así la sospecha de que “o no saben lo que ha pasado, o lo saben y lo ocultan”, según fuentes de su equipo.
Esta lógica binaria y alarmista refleja, una vez más, un uso partidista de un incidente sensible, más aún cuando se alude a un “posible sabotaje informático” —investigado de oficio por la Audiencia Nacional— sin ofrecer evidencias que justifiquen tal acusación. El PP no descarta incluso consecuencias judiciales para miembros del Gobierno, en un movimiento que bordea la temeridad retórica.
Además, el apagón se está utilizando como palanca para presionar en otras agendas ideológicas del PP, como la prórroga de la vida útil de las centrales nucleares, una exigencia reiterada por Feijóo que su partido quiere vincular ahora al debate energético y al decreto antiaranceles. En lugar de aportar certezas técnicas o proponer un plan energético coherente, el PP usa la crisis como trampolín para sus reivindicaciones previas, revistiendo cada declaración de una supuesta urgencia nacional.
Resulta llamativo que esta estrategia se haya intensificado en una semana clave para el PP, con la celebración en Valencia del congreso del Partido Popular Europeo. La presencia en España de líderes europeos fue interpretada por Génova como una oportunidad para internacionalizar el relato del “desgobierno” español. Una maniobra arriesgada que puede dañar no solo al Ejecutivo, sino también a la imagen institucional del país.
Al insinuar que España ha tenido que “pedir ayuda a Marruecos” para superar la crisis, o que el apagón “dañó la imagen del país” ante socios europeos, el PP proyecta una narrativa de descomposición que, en última instancia, erosiona la confianza exterior en las instituciones españolas. En su intento por desgastar al presidente, Feijóo acaba socavando los cimientos de la autoridad pública que dice defender.
En el trasfondo de todo este despliegue subyace una conclusión que se repite en los pasillos de la sede popular: “el Gobierno no tiene un respiro”. La frase, más que una observación, funciona como consigna. El apagón eléctrico no se analiza como una crisis a resolver, sino como una oportunidad táctica que se suma a la presión mediática por presuntos casos de corrupción o a la polarización generada por la amnistía y otros asuntos sensibles.
Así, el episodio eléctrico se convierte en símbolo de una estrategia opositora basada en la acumulación de frentes, más que en la construcción de alternativas. Feijóo no lidera tanto una oposición como una campaña permanente, en la que cada problema se convierte en un argumento para reforzar el relato de un país al borde del colapso institucional.
El verdadero apagón no es técnico, sino político. Y quien parece alimentarlo no es el que gestiona el sistema eléctrico, sino quien opta por instrumentalizar cualquier fallo como si fuera una crisis de Estado, sembrando dudas, internacionalizándolas y, al final, debilitando la democracia que dice querer fortalecer.