Lo de la Ley de Memoria Histórica parece no ir con el Partido Popular. La última, en Galicia, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y su Ejecutivo cambian el nombre de la sala de Portavoces que pasará a llamarse Antonio Rosón, primer presidente del Parlamento gallego estrechamente vinculado a Falange y figura de la represión franquista en la comarca gallega de Os Ancares.
Con el voto a favor de los populares y la abstención incomprensible de los socialistas gallegos de Gonzalo Caballero, salió adelante la propuesta del PP.
El secretario general de Podemos Galicia, Antón Gómez Reino, en un comunicado al que ha tenido acceso Diario16, manifiesta que “no entendemos que el PSdeG se haya abstenido en esta votación, cuando el propio Gobierno Central impidió hace poco que el aeropuerto de Murcia llevara el nombre «De lana Cierva».
Gómez Reino, criticó que la Xunta utilice como excusa el reconocimiento de “figuras ilustres” de la cultura y la historia gallegas para las nuevas denominaciones de la Cámara. “Concepción Arenal, Rosalía de Castro, Castelao, Emilia Pardo Bazán, eso sí son figuras ilustres de Galicia, no un fascista que persiguió a los demócratas y que encabezó la represión en los Ancares”, explicó.
En este sentido, Gómez Reino afirma que "debe ser un compromiso político recuperar la memoria, pero para eso hay que nombrar a estas personalidades de la dictadura como lo que realmente son. Antonio Rosón fue partícipe de una de las épocas más duras de nuestra historia, no es merecedor de ningún reconocimiento. Exigimos a Feijóo que aplique la ley, se ponga del lado de la democracia y no glorifique a un represor en un edificio público. Aún está a tiempo de rectificar."
Antonio Rosón, el falangista de Becerreá
Y es que Antonio Rosón fue presidente de la preautonomía y primer presidente del Parlamento de Galicia. En 1936 ingresó en la Falange de Becerreá y proclamó el Estado de Guerra con la sublevación de los militares contra la República. Por aquel entonces fueron más de una docena de cadáveres los ejecutados a cargo de milicias fascistas y de la Guardia Civil, tal y como vienen denunciando asociaciones de memoria histórica que se posicionaron en contra de la decisión de la Xunta.
La Ley de Memoria Histórica recoge en su artículo 15 que “Las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura.”