La Fiscalía ha archivado una denuncia por los contratos de la Xunta de Galicia con Eulen, la empresa en la que trabaja la hermana de Feijóo, según informa el diario Público. El Ministerio Público alega que no quiere abrir una causa general o prospectiva, una posición muy diferente a la que han adoptado otros jueces como Juan Carlos Peinado, el titular del Juzgado 41 de Madrid encargado de indagar en las actividades profesionales de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. Asegura el fiscal Fernández de Aránguiz que “el hilo conductor” de la denuncia contra Feijóo y su familia (que en su mayor parte consiste en “cortas y pegas” de prensa digital) es lo abultado de las cifras de las adjudicaciones hechas a favor de Eulen. Sin embargo, “no se llega a identificar los contratos que se cuestionan. Ni a precisar qué vicios se les atribuyen”, zanja el fiscal y advierte de que el archivo “no produce limitación alguna para que el interesado pueda hacer valer las pretensiones que estime pertinentes ante los tribunales”.
Llama la atención que Peinado haya podido avanzar en su investigación con una querella de Manos Limpias contra Begoña Gómez basada en recortes de prensa falsos o fake mientras que el fiscal gallego descarta ese mismo sistema procesal. Una vez más, el doble rasero de la Justicia.
El fiscal señala que con los datos aportados sobre las adjudicaciones públicas a la empresa Eulen, donde es directiva la hermana del líder del PP, “solo podría abrirse una causa general”, prohibida en el ordenamiento jurídico. La decisión se toma a las puertas de una posible comisión de investigación en la Xunta. El actual presidente gallego, Alfonso Rueda, ha confirmado el veto a esa comisión en la sesión de control de hoy. “Quieren ustedes hacer oposición al señor Feijóo, que hace ya casi tres años que se fue”, ha afeado al BNG, el partido nacionalista que ha tratado de impulsar la comisión en la Cámara autonómica. Ana Pontón, portavoz de BNG, percibe en la posición de Rueda una “deriva autoritaria y antidemocrática sin precedentes” y anunció que empleará todas las vías legales para evitar “que se vulnere el derecho de la oposición a controlar el Ejecutivo”, informa eldiario.es.
El fiscal Jorge Fernández de Aránguiz, de la Fiscalía de Santiago de Compostela, asegura en su decreto de archivo de las diligencias de investigación 52/2024, sobre los contratos públicos adjudicados por la Xunta de Galicia a la empresa Eulen, donde es directiva la hermana de Alberto Núñez Feijóo, que con la “materia prima” de la denuncia “solo podría abrirse una causa general en relación a todos los contratos”.
Y a continuación recuerda la circular 4/2013 del Fiscal General del Estado sobre diligencias de investigación, que indica: “Debe en todo caso partirse de que quedan prohibidas las investigaciones generales sobre la conducta o actividades de una persona y las investigaciones prospectivas”.
La denuncia la interpuso el abogado José Luis Mazón, presidente de la Asociación Preeminencia del Derecho, el 6 de septiembre de 2023, ante la Fiscalía Anticorrupción, que la derivó a la Fiscalía del Área de Santiago de Compostela. La denuncia de Mazón se basaba en la que había interpuesto un mes antes la Asociación Ciudadanos contra la Corrupción, una oenegé cercana a Vox. En ella se indicaba que Micaela Núñez Feijóo, la hermana pequeña del presidente del PP, que trabaja en Eulen desde mediados de la década de 2000, fue delegada provincial en Pontevedra y Vigo y directora en Galicia cuando Feijóo accedió a la Xunta con su primera mayoría absoluta en 2009, siempre según Público.
Desde entonces y hasta que se hizo con la Presidencia del PP, la Xunta adjudicó a Eulen contratos públicos por valor de más de 37 millones de euros. El fiscal aduce que la denuncia insta a investigar las adjudicaciones por parte de distintos organismos públicos gallegos, como ayuntamientos, consellerías, así como el Servizo Galego de Saúde de Salud (Sergas) o Consorcio Galego de Servizos Sociais, añade Público.
Pero alrededor del 77% de las adjudicaciones denunciadas se canalizaron a través de entidades instrumentales, como fundaciones, sociedades públicas, agencias y otros organismos descentralizados, en las que Feijóo había colocado a dedo a amigos, cargos del PP y militantes del partido, según la referida denuncia. Hay que recordar que la comisión del Congreso de los Diputados que estudiará la adquisición de material sanitario durante la pandemia de la covid investigará los contratos de la Xunta por valor de 59,33 millones de euros que, tal y como ha ido publicando este diario, fueron adjudicados a empresas vinculadas al entorno de Alberto Núñez Feijóo cuando presidía el Gobierno gallego.
Con el aval de la Audiencia Provincial de Madrid, el juez Peinado ha indicado que investiga “todos los actos” de Begoña Gómez desde que Pedro Sánchez es presidente, lo que provocó el recurso de la investigada por tratarse de una investigación “prospectiva” a tenor de dicha declaración del juez.