La investigación sobre el despacho Equipo Económico, fundado por Cristóbal Montoro, revela una presunta red de empresas interpuestas utilizada para ocultar beneficios millonarios, evadir impuestos y favorecer a determinadas compañías desde su posición en el Ministerio de Hacienda. Hacienda detecta importantes discrepancias en las operaciones declaradas por el exministro, que podrían haber dejado fuera del radar fiscal ingentes cantidades de dinero.
Las pesquisas en torno al exministro Cristóbal Montoro dibujan un escenario cada vez más inquietante. Según informes elaborados por la Agencia Tributaria, los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil, el despacho Equipo Económico (EE), fundado por el propio Montoro, podría haber sido el epicentro de una sofisticada red de empresas pantalla utilizadas para canalizar ingresos opacos, retribuir de forma encubierta a socios vinculados políticamente y ocultar comisiones derivadas de su influencia en el Gobierno.
El núcleo de la sospecha reside en que Montoro, junto a varios ex altos cargos, algunos con relevancia internacional, como Luis de Guindos, habría empleado un sistema basado en sociedades sin estructura ni actividad real, que actuaban como vehículos de desvío de fondos bajo la apariencia de relaciones comerciales inexistentes. Los investigadores alertan incluso de posibles movimientos de capital fuera de España, dirigidos a Estados Unidos, América Latina y otros países europeos.
Operaciones oscuras y valores irreales
Hacienda señala graves inconsistencias en las operaciones de compraventa de participaciones de EE. En 2007, Montoro adquirió y vendió en semanas un paquete accionarial sin que se reflejara en su declaración de IRPF. Lo más revelador es que el valor declarado fue de apenas 10 euros por participación, mientras que la propia Agencia Tributaria estima que, basándose en datos internos de la sociedad y en escrituras posteriores, el valor real se situaba entre 226 y 625 euros por título.
Esta diferencia sustancial plantea un posible fraude fiscal de considerable entidad. Y lo más grave es que el exministro de Hacienda ,encargado de vigilar y sancionar conductas similares, habría cometido las mismas irregularidades que en su etapa pública perseguía con dureza.
Sociedades sin empleados ni recursos
Uno de los ejes del caso es el uso reiterado de sociedades instrumentales para emitir facturas sin respaldo real. Según Hacienda, empresas como Econodos, vinculada a Ricardo Martínez Rico (ex secretario de Estado de Presupuestos), carecían de medios materiales y humanos. Aun así, emitieron cuantiosas facturas a EE, funcionando como pantallas que camuflaban retribuciones personales o generaban deducciones fiscales injustificadas.
La documentación aportada por los Mossos es demoledora: el modelo diseñado permitía simular márgenes de beneficio bajos en Equipo Económico, mientras los verdaderos ingresos se canalizaban a través de estas sociedades ficticias. "El sistema ideado evitaba levantar sospechas y generaba patrimonios opacos de carácter más personal que profesional", concluyen.
Del despacho al extranjero, el dinero que voló
La UCO de la Guardia Civil, por su parte, destaca la probabilidad de que parte del dinero se transfiriera al exterior, sin que aún se haya esclarecido completamente el destino ni el volumen. Se detectaron diferencias de cambio en resultados financieros, lo que sugiere movimientos internacionales de divisas en empresas del entorno de EE.
Además, las fuerzas de seguridad alertan de que el desmantelamiento de la estructura original en 2015, justo tras las primeras noticias publicadas en prensa, fue una maniobra reactiva para esquivar las pesquisas. La actividad se habría trasladado a un nuevo despacho, Global Afteli, y a nuevas sociedades creadas ad hoc para continuar la operativa bajo otra denominación.
Un escándalo incompatible con la ejemplaridad
Resulta escandaloso que quien dirigió Hacienda durante algunos de los años más duros de la crisis, exigiendo sacrificios a ciudadanos, autónomos y pequeñas empresas, se encuentre ahora en el centro de una presunta trama de fraude, opacidad y privilegio. La investigación revela no solo un posible delito fiscal, sino también un comportamiento político y ético radicalmente incompatible con la función pública.
Más aún, el blindaje de Montoro respecto a las cuentas bancarias de EE, pese a haber ostentado cargos relevantes en la sociedad, llama poderosamente la atención de los investigadores, que no descartan que actuara como beneficiario real a través de terceros.
El avance de este caso amenaza con ensombrecer no solo su trayectoria, sino también la legitimidad de decisiones adoptadas desde el Ministerio que encabezó. Las instituciones deberán esclarecer hasta qué punto el aparato del Estado fue utilizado al servicio de intereses personales y de red clientelar, una vergonzosa instrumentalización del poder público que, de confirmarse, dejaría una herida profunda en la credibilidad democrática.