Lo que ha montado Isabel Díaz Ayuso no es solo un paraíso fiscal. Es también un territorio donde se favorece el fraude a las arcas públicas y la impunidad de los más ricos. “Es curioso que se presenten menos de 20.000 declaraciones cuando en Cataluña hay más de 80.000. Los datos de la Agencia Tributaria se basan en las declaraciones presentadas, pero, ¿cuántas no se han presentado?”, se pregunta Ransés Pérez Boga, presidente de la Asociación Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), que muestra sus sospechas acerca de un elevado volumen de fraude fiscal en Madrid, informa Público. “Si no se presentan esas declaraciones, quien debe ejercer las competencias de control es la Comunidad de Madrid, pero, ¿qué interés puede tener en que se presenten si no va a obtener ningún beneficio? ¿Qué Administración va a estar interesada en desarrollar esa labor de inspección?”, sugiere.
El técnico se refiere, claro está, al complejo entramado de ventajas fiscales, deducciones en el IRPF, bonificaciones, exenciones y supresión de tributos que ha tejido el Gobierno de Ayuso para beneficio de las clases sociales más altas en la capital del país, convertida en una Disneylandia o país de ensueño para las altas finanzas y los bolsillos más pudientes. No se trataría solo, por tanto, de que el régimen fiscal madrileño sea uno de los más tolerantes y beneficiosos con los ricos de toda España. Estaríamos hablando de que las diferentes inspecciones relacionadas con el cobro de tributos no están haciendo bien su trabajo, de tal forma que podría decirse que en Madrid se podría estar tolerando, consintiendo y permitiendo el escaqueo tributario de las familias económicamente privilegiadas.
Lógicamente, si en la Comunidad lo millonarios no pagan impuestos, ¿para qué controlarles las cuentas? ¿Para qué exigirles que cumplan con el fisco? Es absurdo. De modo que, según los técnicos de Hacienda, se está jugando a hacer la vista gorda, manga ancha, máxima tolerancia con las élites. Que los servicios de inspección no estén funcionando con toda esta gente que gana más de 150.000 euros anuales podría constituir graves delitos contra la Administración Pública y ya tarda la UCO en investigar qué es lo que está ocurriendo en los diferentes departamentos fiscales de la Comunidad de Madrid (también en el Ayuntamiento de la ciudad).
Las ventajas fiscales que Ayuso ha establecido en toda la región son, ya de por sí, un asunto polémico y muy discutible desde el punto de vista de la gestión política. Pero a fin de cuentas está en la mano de quien gobierna establecer el modelo económico a aplicar, instaurando un elitista paraíso fiscal o avanzando hacia una sociedad donde se reparta mejor la riqueza, reduciendo la desigualdad y garantizando el sostenimiento de los servicios públicos y del Estado de bienestar. Es decir, ultraliberalismo para destrozar el Estado, como el que practica Milei en argentina, o socialdemocracia con un cierto grado de intervencionismo para corregir las injusticias sociales y avanzar hacia sociedades más igualitarias. Sin embargo, más allá del color político que tenga el poder, las inspecciones tributarias deberían ser sagradas para todos y no se debería consentir a las dinastías de los más adinerados que puedan saltarse su obligación de rendir cuentas con el fisco (por pocas cuentas que sean, ya que gozan de los placeres del paraíso ayusista).
Es tal el grado de laxitud y tolerancia de la Administración pública madrileña con las rentas elevadas que hay quien dice que se está haciendo la vista gorda con las declaraciones de renta de los ricos y superricos. En cualquier caso, lo peor de todo es que a fecha de hoy se desconoce el censo real de ricos madrileños (una vez más la impunidad va de la mano de la falta total de transparencia), lo cual resultaría clave para determinar la magnitud real de las ventajas fiscales de las que se benefician las grandes fortunas en esa comunidad, “cuyos Gobiernos conservadores han hecho bandera de ese peculiar régimen tributario, del que aseguran que tiene como consecuencia una elevada atracción de riqueza, actividad y empleo, aunque la magnitud de esta nunca ha podido ser medida”, añade el diario Público.
Según la página web de la Comunidad de Madrid, los impuestos gestionados a día de hoy por la región son el impuesto de Sucesiones, Donaciones, Transmisiones Patrimoniales Onerosas, Compraventa de Vehículos, Actos Jurídicos Documentados y Juego y Operaciones Societarias, entre otros. La última medida de la Comunidad de Madrid será tramitar una ley que bajará los impuestos a los extranjeros ricos que inviertan en la región. El Gobierno madrileño dio luz verde a la ley el pasado 15 de febrero, con todos los partidos de la Asamblea de Madrid en contra. Pero al tener la mayoría absoluta, la norma salió adelante y se espera su aprobación definitiva en las próximas semanas. La iniciativa va dirigida a las personas que lleven al menos cinco años viviendo fuera de España y quieran invertir y trasladen su residencia fiscal a la región, según explicó en su momento el Gobierno de Ayuso. Los ricos que se instalen en Madrid podrán deducirse hasta un 20% del total, “ya sea en activos financieros como inmobiliarios”. “Estos últimos deberán estar radicados en la Comunidad de Madrid mientras que el resto podrá localizarse en cualquier lugar, exceptuando los considerados paraísos fiscales”, recuerda la Comunidad. ¿Podrán también estos nuevos ricos extranjeros que se instalen en Madrid escaquearse de todas sus obligaciones fiscales? Todo apunta a que sí. Porque en Madrid los millonarios se ríen cuando les hablan de pagar impuestos.
Según la página web de la Comunidad de Madrid, la Inspección de Hacienda comprueba e investiga el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Y añade: “El procedimiento de inspección tiene por objeto comprobar e investigar el adecuado cumplimiento de las obligaciones tributarias y en el mismo se procederá, en su caso, a la regularización de la situación tributaria de los obligados tributarios mediante la práctica de una o varias liquidaciones”. Incluso se informa de la necesidad de solicitar “cita previa a través de la dirección de correo [email protected] para trámites relacionados con notificaciones, procedimiento sancionador derivado de un Acta de Inspección y cualesquiera otros posteriores a la firma de un Acta de Inspección”. Un paripé. El pueblo sabe que en el Madrid de Ayuso se inspecciona más bien poco. Sobre todo, a los ricos.