La vicesecretaria de Organización del Partido Popular de Madrid y número tres de Isabel Díaz Ayuso en la formación regional, Ana Millán, se encuentra en el centro de una tormenta judicial que amenaza con sacudir los cimientos del partido. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha abierto diligencias en su contra por presunta prevaricación y otros delitos relacionados con la adjudicación de contratos públicos durante su mandato como concejala y exalcaldesa de Arroyomolinos. Este caso está relacionado con posibles irregularidades detectadas en una pieza del caso ‘Púnica’, pero su alcance va más allá, tocando directamente la credibilidad de una de las figuras más cercanas al liderazgo de Ayuso.
Las raíces del caso: corrupción y contratos bajo sospecha
El caso que involucra a Millán comenzó en octubre de 2020, cuando el Juzgado Central de Instrucción Número 6 derivó la investigación a un juzgado local en Navalcarnero por la posible comisión de delitos de corrupción. En el centro de las acusaciones se encuentran una serie de contratos que fueron adjudicados entre 2005 y 2011 a varias empresas vinculadas a Francisco Roselló, un empresario cercano a Millán y su entorno familiar. La investigación sugiere que Millán habría favorecido de manera irregular a este grupo empresarial mientras era concejala en el Ayuntamiento de Arroyomolinos.
La investigación apunta a nueve contratos adjudicados, siete de ellos contratos mayores y dos menores. Según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, estas adjudicaciones presentan indicios de irregularidades en su proceso de contratación. Más allá de los procedimientos administrativos, se ha investigado si estas decisiones de Millán habrían estado vinculadas a una serie de contraprestaciones financieras, lo que complicaría aún más el caso.
La documentación clave y el testimonio de la auxiliar
Uno de los elementos más reveladores de esta investigación es el testimonio de una auxiliar administrativo que trabajaba bajo las órdenes de Millán en su etapa como concejala. La auxiliar ha declarado que existía una diferencia de trato entre las empresas adjudicatarias regulares y las del Grupo Educativo, propiedad de Roselló. Según su testimonio, las relaciones con las empresas vinculadas a Roselló eran más confidenciales, personales y reservadas.
Este comportamiento ha levantado sospechas, sobre todo cuando se cruzan con los registros de pagos realizados a Millán y su entorno familiar por parte de las empresas vinculadas a Roselló. Entre 2008 y 2012, Roselló pagó más de 51.000 euros por el alquiler de un ático propiedad de Millán, según los informes judiciales. Además, su hermana y su pareja también recibieron sumas considerables, sumando más de 125.000 euros en pagos supuestamente relacionados con trabajos y actividades económicas.
Las reacciones políticas: presiones sobre Ayuso y el PP
Ante el impacto de esta investigación judicial, la oposición ha elevado el tono de sus exigencias. Desde Más Madrid, partido que lidera la oposición en la Comunidad, han reclamado a Isabel Díaz Ayuso que tome medidas urgentes y expulse a Millán del partido. Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid, ha sido clara en su mensaje: “No cabe excusa alguna, una persona investigada por cuatro delitos de corrupción no puede seguir siendo vicepresidenta de la Asamblea de Madrid”.
El PSOE también ha presionado, recordando que es responsabilidad de los partidos actuar cuando sus miembros enfrentan procesos judiciales por corrupción. Juan Lobato, secretario general del PSOE-M, ha manifestado su descontento con la situación, señalando que este tipo de casos afecta la confianza de los ciudadanos en las instituciones.
Defensa interna del PP y cierre de filas
Sin embargo, dentro del PP madrileño, el apoyo a Millán se mantiene sólido, al menos por ahora. Carlos Díaz-Pache, portavoz del PP en la Asamblea regional, ha desestimado la apertura de las diligencias como un “trámite automático”, señalando que el juez aún no ha decidido si seguirá adelante con la investigación o archivará el caso. Díaz-Pache ha defendido que Millán ha dado todas las explicaciones necesarias y que no existe ningún caso sólido en su contra.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, también ha mostrado su respaldo a Millán, afirmando que confía plenamente en su inocencia. Por su parte, Ana Dávila, consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, ha insistido en que el Gobierno regional respeta los procedimientos judiciales, pero no ha querido ahondar en valoraciones más allá de este punto.
El rol de la justicia: una avalancha de documentos y un largo camino por delante
El TSJM ha recibido en las últimas semanas una enorme cantidad de documentación relacionada con el caso. Según fuentes judiciales, se trata de “bastantes cajas” de agendas, CD’s, cuadernos y otros documentos, el mayor volumen que se recuerda en años. Este material ha sido remitido a la Sala de lo Civil y Penal para su análisis y apertura de diligencias.
El magistrado Francisco Goyena ha sido designado para llevar adelante la tramitación del caso, y en las próximas semanas la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid deberá pronunciarse sobre la admisión o no de la causa. Si la Fiscalía decide admitirla, se nombrará a un magistrado instructor para que lleve adelante la investigación.
Un caso que pone en jaque la estabilidad política
El caso de Ana Millán tiene el potencial de afectar seriamente la estabilidad del PP de Madrid, en especial en un momento en que el partido busca mantener una imagen de transparencia y lucha contra la corrupción. A medida que avanzan las diligencias judiciales, las presiones internas y externas sobre Ayuso para que tome medidas se intensifican.
Este proceso, además, coincide con otros casos de corrupción que afectan a figuras políticas relevantes en la región, lo que aumenta la tensión en el panorama político madrileño. Si bien el PP ha mostrado hasta ahora una defensa férrea de Millán, el desarrollo de los próximos meses podría marcar un antes y un después en la carrera política de la número tres del partido en Madrid.
El caso de Ana Millán, por su magnitud y las conexiones que presenta, amenaza con convertirse en un referente más en la larga lista de investigaciones por corrupción que han sacudido a la política madrileña en los últimos años.