El 29 de octubre, la DANA golpeó la Comunidad Valenciana dejando tras de sí una devastadora inundación que ha cobrado la vida de al menos 211 personas. Pero el desastre meteorológico no fue el único protagonista de esta tragedia. Los fallos en la coordinación de las administraciones y la respuesta tardía de la Generalitat han puesto en el foco a sus responsables políticos, quienes no supieron o no quisieron dar la voz de alarma a tiempo. Este es el relato de la inoperancia en las decisiones que marcaron el trágico día en que las aguas se desbordaron sobre Valencia.
La delegada del Gobierno ofreció ayuda reiteradamente, sin respuesta
Desde primera hora de la mañana, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) había lanzado una alerta roja sobre la Comunidad Valenciana. Pilar Bernabé, delegada del Gobierno, canceló su agenda y activó a las Unidades de Emergencia Militar (UME), Guardia Civil y Protección Civil para coordinar los recursos del Estado. A las 09:30 horas, en una reunión telemática con alcaldes de las zonas de riesgo, Bernabé transmitió la gravedad de la situación, a pesar de que no era su competencia directa.
Con el avance de las horas y el empeoramiento de la situación, Bernabé realizó la primera de tres llamadas a la consellera de Justicia, Salomé Pradas, responsable del área de emergencias de la Generalitat. En su primera comunicación a las 12:23, la delegada le pidió activar recursos adicionales y recordó que los medios del Estado estaban listos para intervenir en cuanto los solicitaran. Sin embargo, Pradas no pidió ayuda en esa llamada ni en las dos que le siguieron, a las 12:48 y a las 14:00 horas. En cada ocasión, la consellera se limitó a informar que se encontraba en reuniones y que “la situación estaba controlada”. Solo tras una cuarta llamada, alrededor de las 14:10 horas, Pradas solicitó finalmente la intervención de la UME, pero únicamente para el municipio de Utiel.
Mazón llegó tarde y la Generalitat se mostró “inoperante”
Mientras tanto, en el Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI), la falta de liderazgo y de reacción fue evidente. La consellera de Justicia convocó la reunión a las 17:00 horas en L’Eliana. Sin embargo, lejos de ser un encuentro operativo, los participantes describen la reunión como “inoperante”, ya que ningún responsable parecía tener claro qué hacer. Pradas y otros dirigentes de la Generalitat entraban y salían del CECOPI sin tomar decisiones críticas, y el president Carlos Mazón, máximo responsable de la respuesta de emergencia, no apareció hasta casi dos horas después de su convocatoria.
La delegada del Gobierno, con su actuación, demostró que estaba preparada para intervenir, pero la respuesta de la administración autonómica, liderada por Mazón y Pradas, fue ineficaz, llegando tarde y dejando a la población valenciana indefensa en el peor momento.
Según reconstruye la Cadena SER, Mazón mantuvo su agenda del día sin hacer modificaciones significativas. En lugar de atender la emergencia, participó en tres actos matutinos sin relación con la crisis y asistió a una comida privada antes de dirigirse al CECOPI. Su retraso provocó una pérdida de tiempo clave, ya que, al llegar, los técnicos tuvieron que interrumpir sus labores para ponerle al tanto de la situación, un proceso que consumió valiosos minutos en medio de la creciente emergencia.
La alerta llegó cuando ya era tarde: “¿Lanzamos la alerta?”
La descoordinación se volvió aún más evidente cuando, cerca de las 19:00 horas, la alcaldesa de Paiporta telefoneó a la delegada del Gobierno para informarle de que su municipio estaba bajo el agua. Al parecer, desde el CECOPI, ningún responsable se había planteado seriamente lanzar una alerta a la población hasta ese momento. Fue entonces cuando uno de los presentes masculló: “¿Lanzamos la alerta?”. A las 20:12 horas, finalmente se emitió el aviso de emergencia, pero para entonces varias localidades ya estaban sufriendo los efectos devastadores de la DANA.
El balance: una gestión cuestionada y cientos de vidas perdidas
Los testimonios de los afectados, los alcaldes y los trabajadores de emergencia reflejan una mezcla de indignación y frustración. “Estuvimos horas esperando instrucciones claras”, afirma uno de los técnicos que participó en el CECOPI. Esta falta de previsión y de reacción a tiempo no solo dejó a los ciudadanos en una posición vulnerable, sino que además subraya los errores de quienes estaban al mando.
El resultado de esta gestión tardía es que, mientras el Estado tenía preparados sus recursos, la Generalitat Valenciana fue incapaz de coordinar una respuesta efectiva a una crisis anunciada. La delegada del Gobierno actuó con rapidez, ofreciendo asistencia en repetidas ocasiones, y solo cuando la situación fue ya insostenible, la Generalitat decidió pedir ayuda, pero para muchos era ya demasiado tarde.
Consecuencias políticas y posibles responsabilidades
Las críticas sobre la actuación de la Generalitat y, especialmente, de su president Mazón no se han hecho esperar. El retraso en la respuesta y la ausencia de decisiones claras en el CECOPI evidencian que la prioridad de algunos responsables estaba lejos de ser la seguridad de sus ciudadanos. Este comportamiento, especialmente cuando existen protocolos de actuación ante alertas rojas, podría derivar en responsabilidades políticas para quienes decidieron no intervenir o lo hicieron tarde.
Además, la consellera Pradas, pese a las insistentes llamadas de la delegada del Gobierno, se mostró reticente a solicitar ayuda a la UME hasta avanzada la tarde. La Generalitat ha confirmado las horas exactas de las llamadas y las reiteradas ofertas de ayuda de Bernabé, lo que deja en claro que, en varios momentos, se ignoraron las señales de una emergencia inminente.
Un drama humano que pudo evitarse
Más allá de la gestión política, la DANA ha dejado tras de sí un drama humano de enormes proporciones, con comunidades enteras afectadas, familias desgarradas por la pérdida de seres queridos y localidades sumidas en el caos. Los esfuerzos de limpieza y reconstrucción continúan, pero el dolor de quienes han sufrido las peores consecuencias de esta tragedia persiste.
Las voces de los ciudadanos que claman por justicia y que exigen explicaciones han sido claras: ¿Por qué la Generalitat no actuó con rapidez? ¿Por qué se desestimaron los avisos de peligro? La delegada del Gobierno, con su actuación, demostró que estaba preparada para intervenir, pero la respuesta de la administración autonómica, liderada por Mazón y Pradas, fue ineficaz, llegando tarde y dejando a la población valenciana indefensa en el peor momento.
En resumen, este desastre natural expone también las profundas fallas en la cadena de mando y coordinación de emergencias de la Generalitat Valenciana. La población espera respuestas y, sobre todo, acciones contundentes para que esta historia no se repita. Mientras tanto, el balance de vidas perdidas y daños sigue aumentando, un doloroso recordatorio de lo que ocurre cuando la inacción política se convierte en un obstáculo para la protección ciudadana.