El salario mínimo interprofesional (SMI) volverá a estar en el centro del debate económico y político tras el verano. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha confirmado que volverá a convocar a la Comisión de Expertos que asesora al Gobierno sobre las futuras actualizaciones del SMI, con el objetivo de continuar su revalorización progresiva.
“El salario mínimo ha subido un 64%. Hemos abandonado aquel salario de 735 euros mensuales en 14 pagas. Subir el SMI da esperanza”, declaró Díaz durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del martes. Actualmente, el SMI se sitúa en 1.184 euros al mes en catorce pagas, tras un incremento del 4,4% en 2025, equivalente a 50 euros más que en 2024.
Desde que Pedro Sánchez llegó al poder en 2018, una de las banderas económicas de su Ejecutivo ha sido la subida progresiva del SMI. Entonces, este se encontraba en 735,9 euros mensuales. Con los sucesivos aumentos, muchos de ellos impulsados por el Ministerio de Trabajo, primero bajo el liderazgo de Unidas Podemos y ahora con Sumar, el SMI ha alcanzado una cifra histórica, beneficiando a cerca de 2,5 millones de trabajadores, en su mayoría jóvenes y mujeres con contratos precarios o a tiempo parcial. Sin embargo, a pesar de ser uno de los argumentos clave del argumentario de los aparatos de propaganda monclovitas y sanchistas, esas subidas no están teniendo un impacto real en la economía de las familias, dado que otros factores como el incremento de la precariedad y la temporalidad del empleo, la subida de los contratos a jornada parcial, y la falta de control sobre las maniobras de determinados sectores empresariales para eliminar complementos que compensen las subidas del SMI, además de la inflación desproporcionada de los productos básicos, han provocado que los españoles hayan perdido capacidad real de ahorro en las franjas de ingresos más bajos, tal y como demuestran datos oficiales de diferentes organismos.
La Comisión de Expertos, constituida en enero de 2021, tiene como misión principal establecer una hoja de ruta para que el salario mínimo alcance el 60% del salario medio en España, en línea con las recomendaciones de la Carta Social Europea, a la que España está suscrita. Este porcentaje es considerado por organismos internacionales como el umbral de un salario digno.
Pese al respaldo gubernamental, las subidas del SMI han generado división entre expertos, empresarios y economistas. Por un lado, los defensores argumentan que ha mejorado el poder adquisitivo de los trabajadores más vulnerables, ha reducido la desigualdad salarial y ha dinamizado el consumo interno.
Por otro lado, algunas voces. especialmente desde el sector empresarial, alertan del posible efecto negativo en la contratación, sobre todo en pequeñas empresas y sectores intensivos en mano de obra como la agricultura, la hostelería o el comercio. Organizaciones como la CEOE y Cepyme han pedido que los aumentos se hagan “con prudencia” y teniendo en cuenta la evolución de la productividad y el contexto económico.
Sin embargo, las cifras que presentó Yolanda Díaz apuntan en una dirección optimista: más de 22 millones de personas ocupadas, 10,3 millones de mujeres trabajando, la tasa de paro más baja desde hace 17 años y un aumento salarial medio del 3,8%, superando en un punto la inflación. Todo ello refuerza la postura del Gobierno de que subir el salario mínimo no ha destruido empleo, sino que ha contribuido a fortalecerlo. Esto es cuestionable, según se comprueba en las cifras del INE y del SEPE.
España no está sola en su camino hacia la revalorización del salario mínimo. La Directiva Europea sobre salarios mínimos adecuados, aprobada en 2022, insta a los Estados miembros a garantizar que el salario mínimo legal represente un porcentaje digno del salario medio. Aunque la norma no impone cifras concretas, sí establece indicadores de referencia —como el 60% del salario mediano— y fomenta la negociación colectiva como herramienta clave.
En este contexto, España figura entre los países que han adoptado medidas más agresivas para cerrar la brecha salarial, en contraste con otras economías que han optado por una actualización más moderada o aún no han llegado a ese umbral.
La nueva convocatoria de la Comisión de Expertos prevista para después del verano abre la puerta a una nueva negociación entre el Gobierno, los sindicatos y la patronal. En anteriores ocasiones, los sindicatos han exigido subidas más ambiciosas, mientras que la patronal ha mostrado reticencias o se ha abstenido de firmar los acuerdos.
El equilibrio no será fácil. La situación económica, marcada por la incertidumbre internacional, la evolución de la inflación, el coste de la vida y la productividad, serán factores clave en la toma de decisiones. Sin embargo, Yolanda Díaz ha dejado claro que la política salarial seguirá siendo una herramienta central para mejorar la justicia social y la cohesión económica en España.