El Ministerio de Transformación Digital y Función Pública ha dado un giro al proceso de licitación del servicio sanitario de Muface, abriendo una consulta preliminar de mercado para que las aseguradoras interesadas justifiquen los costes reales de atender a los más de 1,5 millones de mutualistas. Este paso, clave para evitar un posible colapso del sistema, pretende aportar transparencia al procedimiento y redefinir las bases de un modelo que lleva décadas funcionando pero que muestra señales de agotamiento.
La consulta: transparencia y justificación de costes
El procedimiento arrancó este miércoles con un objetivo claro: que las aseguradoras detallen y justifiquen el coste real del servicio en función de los tramos de edad de los mutualistas. Las compañías tendrán diez días para presentar cifras respaldadas por evidencias. Esta consulta permitirá al Gobierno ajustar la cuantía y las condiciones de la nueva licitación, prevista para las próximas semanas.
Según fuentes del Ministerio, “este nuevo enfoque busca garantizar que los mutualistas sigan recibiendo atención sanitaria, pero ajustada a las necesidades reales y con una distribución eficiente del gasto público”. Este cambio responde a la negativa de Adeslas, Asisa y DKV de renovar el convenio actual, a pesar de un aumento histórico del 17,1% en las primas ofrecido por el Ejecutivo. Las aseguradoras consideraron insuficiente esta subida, alegando que no cubre el aumento de costes asociados al envejecimiento de los mutualistas y la inflación.
Costes desglosados y una subida sin precedentes
El actual modelo de Muface, que combina sanidad pública y privada, cuenta con 770.000 funcionarios y 424.000 beneficiarios acogidos a la sanidad privada. El Gobierno había puesto sobre la mesa un presupuesto de 1.337 millones de euros para el primer año y 1.345 millones para el segundo, lo que suponía un incremento de 300 millones respecto a ejercicios anteriores. Sin embargo, las aseguradoras argumentan que incluso un aumento del 25% sería insuficiente para compensar los gastos acumulados.
La edad media de los mutualistas, situada en 57,8 años, es un factor clave que incrementa los costes, dado el mayor consumo de servicios médicos de esta población. A esto se suma el impacto de la inflación en los últimos años, que ha disparado los gastos operativos y farmacéuticos. Las compañías también señalan que las prestaciones ofrecidas en el marco de Muface superan las de la sanidad pública, lo que añade presión financiera al sistema.
¿Qué implica la consulta para la nueva licitación?
Aunque la consulta preliminar no será vinculante, servirá como base para el nuevo pliego de condiciones. Las aseguradoras deberán detallar las primas necesarias por tramos de edad y justificar cómo se construyen esas cifras. Desde el Ministerio advierten que cualquier intento de pacto entre las aseguradoras sería ilegal, asegurando que este proceso se llevará a cabo bajo estrictas condiciones de transparencia.
En caso de no adjudicarse el nuevo contrato antes del 31 de enero de 2025, la Ley de Contratación Pública prevé un mecanismo de prórroga automática que obligaría a las aseguradoras actuales a continuar prestando el servicio en las condiciones vigentes. Esto garantiza que la atención sanitaria no se interrumpa, aunque el Gobierno admite que la situación actual “no es sostenible a largo plazo”.
¿Se está replanteando el modelo de Muface?
El debate sobre el futuro de Muface no es nuevo, pero la crisis actual ha puesto en evidencia sus limitaciones. Aunque el Ministerio de Función Pública asegura que “no se va a desmontar el modelo”, reconoce que es necesario revisar ciertos aspectos para garantizar su viabilidad.
Una de las propuestas que se han planteado es que los funcionarios elijan de forma permanente si quieren acogerse a la sanidad pública o privada, eliminando la opción de cambiar cada enero. Esto facilitaría la planificación de los recursos y reduciría las duplicidades. Además, se estudia cómo optimizar el gasto farmacéutico y las prestaciones, manteniendo el equilibrio entre la calidad del servicio y la sostenibilidad económica.
El Ministerio de Sanidad, aunque no tiene competencias en este ámbito, ha publicado un informe en el que sugiere que integrar a los mutualistas en el sistema público podría ser una alternativa viable. Sin embargo, esta idea choca con la resistencia de muchos funcionarios, acostumbrados a las ventajas del modelo actual.
La presión del lobby sanitario y las contradicciones internas
El rechazo de las aseguradoras ha puesto de manifiesto la influencia del lobby de la sanidad privada, que insiste en la necesidad de mayores incrementos presupuestarios. A la vez, el Gobierno de coalición enfrenta tensiones internas. Mientras Función Pública defiende la continuidad del modelo, desde Sanidad se abren a explorar cambios más profundos.
Las críticas también llegan desde sectores que ven en Muface un privilegio para los funcionarios, en comparación con el acceso del resto de ciudadanos al sistema sanitario público. Sin embargo, desmontar este modelo requeriría un consenso político y social que parece difícil de alcanzar en el corto plazo.
¿Qué está en juego?
Muface representa un sistema mixto que ha funcionado durante décadas, ofreciendo flexibilidad a los funcionarios y garantizando la cobertura sanitaria. Sin embargo, la creciente presión económica y las limitaciones estructurales exigen un replanteamiento.La consulta a las aseguradoras y la nueva licitación son solo el primer paso de un proceso más amplio, en el que el Gobierno deberá equilibrar la sostenibilidad del sistema con las expectativas de los mutualistas y las empresas privadas.
A corto plazo, la prioridad del Ejecutivo es garantizar la continuidad del servicio. Pero el debate sobre el futuro de Muface está sobre la mesa, y las decisiones que se tomen en los próximos meses podrían marcar el rumbo de la sanidad para cientos de miles de funcionarios en España.