La Asociación en Defensa de las Pensiones Públicas (ADEPPU) ha emitido un contundente comunicado en respuesta a las recientes declaraciones del magistrado Manuel Marchena, quien durante un homenaje académico afirmó que "la sociedad no puede sobrevivir sin confiar en sus jueces", atribuyendo la desconfianza ciudadana a factores externos. Para ADEPPU, estas palabras resultan profundamente hipócritas, considerando que las actuaciones del propio Marchena han contribuido directamente a erosionar la credibilidad del sistema judicial.
La asociación señala como ejemplo paradigmático el manejo del caso que involucra a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por las muertes ocurridas en residencias de mayores durante la pandemia de COVID-19. ADEPPU denuncia una dilación injustificada de más de dos años, seguida de una inexplicable devolución del caso a la primera instancia, lo que interpretan como una falta de diligencia y compromiso con la justicia.
“¿Cómo puede la sociedad confiar en un juez que, en lugar de impartir justicia de forma pronta y eficaz, parece obstaculizarla?”, cuestiona la organización. En su opinión, los hechos contradicen el discurso de Marchena y refuerzan la percepción de que la justicia no se aplica por igual para todos.
Asimismo, ADEPPU recuerda con indignación el silencio del magistrado frente al escándalo protagonizado por Ignacio Cosidó, ex portavoz del Partido Popular en el Senado, quien en unos audios filtrados aseguraba que el PP “controlaría la Sala Segunda del Supremo por la puerta de atrás” en referencia directa al propio Marchena. A pesar de la gravedad de esas declaraciones, el juez no emitió ninguna crítica pública ni tomó acción alguna para defender la independencia judicial. Este contraste entre su pasividad entonces y sus recientes ataques al Fiscal General del Estado por la filtración de mensajes relacionados con el entorno de Ayuso, así como sus reiteradas críticas al Gobierno, revela —según la asociación— una actitud partidista e incoherente.
“La sociedad no necesita discursos grandilocuentes, sino hechos. No necesita apelaciones vacías a la confianza, sino un compromiso real con la justicia, la transparencia y la igualdad ante la ley”, señala ADEPPU. Para la organización, las declaraciones de Marchena son un ejercicio de hipocresía incompatible con la responsabilidad institucional de su cargo.
ADEPPU sostiene que el magistrado, lejos de ser un garante de la confianza pública en el sistema judicial, se ha convertido en uno de los factores que la socavan. Por ello, le insta a reflexionar sobre su papel y a actuar en consecuencia, si de verdad quiere contribuir a restaurar la fe en la justicia.