El último auto del juez Juan Carlos Peinado ha sido, quizá, el más polémico de la instrucción que desde hace más de un año impulsa el instructor contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El polémico magistrado, ídolo de la afición ultra, ha pedido al Tribunal Supremo la imputación del ministro Félix Bolaños al apreciar indicios de delito de malversación y falso testimonio en la contratación de la secretaria/asesora que le llevaba sus cosas a la mujer del líder socialista. Y aquí es donde surgen las primeras dudas jurídicas, que están siendo rebatidas desde diferentes sectores, desde expertos juristas hasta periodistas y primeros espadas de las tertulias matutinas y vespertinas.
En primer lugar, difícilmente se puede hablar de que Bolaños ha incurrido en una malversación cuando ni siquiera está probado que Moncloa haya cometido esa figura legal. Hasta donde se sabe, todas las esposas de los presidentes del Gobierno de la democracia han contado con la colaboración de un empleado de su confianza para llevarle la agenda. No hay nada regulado al respecto, ninguna ley ha establecido hasta la fecha cuáles son las funciones, prerrogativas y límites de los trabajadores al servicio de la consorte, nunca antes interesó acotar este puesto de trabajo y cada primera dama ha ido tirando a su antojo de la figura del colaborador de confianza para sus asuntos propios, ya sea la agenda pública o privada (desde actos diplomáticos, congresos y galas benéficas hasta ir de compras por Madrid). Es evidente que existe un vacío legal, pero por lo visto a Peinado le han entrado las prisas por poner orden al asunto, seguramente porque siente una alergia irreprimible hacia un Gobierno de izquierdas que seguramente él considera demasiado socialista, bolivariano o comunista.
La malversación no está para nada acreditada o probada en la instrucción del juez Peinado –al contrario, hay mucho que discutir y debatir, mucha jurisprudencia por asentar–, pero el controvertido juez ya da por hecho que el Supremo debe imputar a Bolaños. Lo que va por delante, va por delante, y la noticia de un ministro humillado bajo la maza de su señoría es tan jugosa para los periódicos de la caverna que sería una pena desaprovecharla. Por si fuera poco, hay un error de bulto, que es considerar al contratador de un empleado cómplice del delito que pueda cometer este y además el propio Bolaños niega haber declarado ante el juez instructor que el encargado de nombrar a la asesora Cristina Álvarez fue el funcionario de Moncloa Raúl Díaz. “Jamás, nunca declaré tal cosa”, ha afirmado taxativamente, pidiendo que se revise el vídeo de su declaración en el palacio presidencial. “Nunca se me preguntó quién nombró a la señora Cristina Álvarez. Dicho de otro modo: nunca pude responder lo que en la exposición motivada se dice. Yo hablé de quién propuso el nombramiento”, alega Bolaños. De confirmarse la protesta del ministro, estaríamos ante otra declaración, si no elucubrada por el juez, sí al menos cogida por los pelos, y no sería la primera vez que sucede, ya que algún que otro testigo e imputado se ha quejado amargamente de que lo que se recoge en las diligencias y actas del Juzgado de Instrucción Número 41 no se ajusta estrictamente a lo que declara cada persona. En ese sentido, la Audiencia Provincial de Madrid ha tenido que “desimputar” (y valga el palabro) a personas que el juez Peinado había imputado algo ligera y alegremente.
En segundo término, preocupa que el juez Peinado quiera acusar a Bolaños de falso testimonio cuando el asunto se encuentra en fase de instrucción, y no en fase de juicio oral, es decir, en un momento procesal incipiente donde se trata de acumular indicios racionales de criminalidad que deberán ser acreditados posteriormente en una audiencia pública. En esa línea, llama poderosamente la atención que Peinado trate a Bolaños prácticamente como un acusado y no como un testigo (esa es la condición judicial que a día de hoy tiene el ministro) y que lo considere como tal en numerosos momentos de la redacción de su controvertido auto. El jurista Ignacio González Vega puso el énfasis en este punto durante una entrevista con Xabier Fortes en La Noche en 24 horas de TVE: “Resulta un tanto contradictorio que utilice la palabra investigado para referirse a Bolaños cuando lo que pide al Supremo es que le atribuya la condición de investigado”.
Pero hay más datos que nos hacen sospechar que, una vez más, nos encontramos ante una resolución teñida de contenido político. Y no nos estamos refiriendo solo al hecho de que, en un lapsus imperdonable, haya matado, literalmemente, a Begoña Gómez. Efectivamente, el magistrado, en un trance delirante, llega a asegurar que Bolaños coincidió con la famosa asesora, la última vez “en el tanatorio por la muerte de la Sra. Begoña Gómez”, escribe, textualmente, su señoría. Una alusión errónea con la que podría estar refiriéndose, en realidad, al funeral por el padre de la primera dama, fallecido hace ahora un año. Pocas veces se ha visto un auto tan esperpéntico y surrealista, algo que no ha pasado desapercibido para nadie. A este respecto, Gabriel Rufián ha rubricado el zasca más brillante: “Con todo el cariño y respeto del mundo, le recomendaría al señor Peinado que escribiera sus escritos en otro momento. Me da la sensación de que cenó de forma intensa y se puso a escribir”, bromea el diputado de Esquerra. “No estoy criticándole ni llamándole nada, pero mata a Begoña Gómez… Entiendo las ganas, pero un mínimo de decoro sí le pediría”. Touché.
Se mire por donde se mire, la calidad del auto es ínfima, impresentable, y sería causa de suspenso en la peor Facultad de Derecho del mundo. Cómo habrá sido el dislate que hasta Feijóo y sus prebostes del PP han acogido el escrito con prudencia (optando por esperar a ver qué dice el Supremo) cuando el papel era dinamita pura en el peor momento para el Gobierno, con el caso Koldo llenando de mugre el Consejo de Ministros. Todo es un delirio, por no hablar de la tarima principesca que Peinado exigió para su interrogatorio en Moncloa, que el instructor está alargando el asunto más de lo debido (quizá para dar titulares impactantes a los periódicos de la derecha) y que la propia Audiencia Provincial de Madrid ya le ha advertido en varias ocasiones que no debe tocar el rescate de Air Europa, ya que corre serio riesgo de incurrir en una investigación prospectiva. Nos encontramos, sin duda, ante el auto más disparatado de la democracia española, lo cual ya era difícil. Pablo Echenique no tiene ninguna duda: “Estamos ante un caso de lawfare” (guerra sucia judicial). Más allá de toda esta chapuza, convendría que Peinado hablara algo más claro y se dejara el lenguaje oscuro y barroco del Siglo de Oro para otro momento, porque eso de calificar la declaración del ministro como “totalmente proterva” (alguien obstinado en la maldad) solo lo entendió él. Por no hablar de que ningún juez debería teñir una resolución judicial de poesía quevedesca, subjetivismos varios y arcaísmos propios de otros tiempos. Lo dicho, este escrito es un guion magistral del humor absurdo que bien hubiese podido firmar el mismísimo Groucho Marx.