El pasado 30 de septiembre de 2021 se publicó una Orden Ministerial relacionada con los llamados PRTR, es decir, los Planes de Recuperación Transformación y Resiliencia. Esta orden ministerial es una verdadera revolución en la anquilosada Administración española.
Son tan importantes los artículos de esta Orden Ministerial como, en especial, los anexos, desde el anexo 1 con un completo glosario de términos, como sus anexos II, III y IV con unos modelos de declaración muy importantes, y básicos para los PRTR.
Es decir, para los 69.000 millones que se recibirán de los Fondos New Generation, y de todo el dinero que venga de la Unión Europea, a partir de este momento. Y es que no se queda aquí, afecta además a todo el dinero que se gestione o reparta por cualquier Administración Pública.
La orden desarrolla y tiene muy presente el Real Decreto-ley 36/2020, y también lo establecido en el Reglamento (UE) 2021/241, de 12 de febrero, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
La estructura de la Orden Ministerial, como ya lo era la del Real Decreto, configura el llamado circuito o ciclo del fraude, con las sabidas fases de medidas preventivas, seguimiento y la detección o identificación, para acabar con las medidas de control y, en su caso, de corrección.
La realidad es que se crea un «compliance público», muy parecido al de todas las instituciones anglosajonas que desarrollan a un sistema de integridad pública que refuerza la política de prevención y lucha contra el fraude, la corrupción y los conflictos de intereses. Antes prevención que vergüenza ajena en los juzgados.
La Orden Ministerial impone pautas a las administraciones, en este caso a las ejecutoras de proyectos de inversión de los fondos europeos, para evitar problemas en la gestión de tales recursos. Pero no solo a las instituciones públicas, también a cualquier privado que pueda ser beneficiario de estos fondos.
A veces una acción ciudadana que busca la ética pública tiene éxito. Este es el caso de la Directiva de protección de los Denunciantes de Corrupción y toda la que ha nacido bajo su empuje, algo que comenzó en Catalunya, liderado por ASPERTIC, bajo la coordinación del abogado especialista en la Unión Europea Josep Jover.
Antes de cerrar 2021, todas las instituciones públicas y prácticamente todas las empresas, incluso las más pequeñas deberán tener buzones de denuncias gestionados independientemente y disponer de planes anticorrupción, permitiendo que las denuncias se gestionen, además anónimamente.
Los canales de denuncias ya eran obligatorios desde 2019, pero por razones del Covid, se han perdido dos años de implantación.
Pero ahora, la Unión europea se ha puesto las pilas y dice que ninguna institución o empresa recibirá un euro de los 69.000 millones de euros de los fondos New Generation, si no cumple las medidas anticorrupción y de buzones de denuncia que, por cierto, deben incorporar los de denuncias de vulneración de igualdad que obligatoriamente deben tener ya todas las empresas.