El pasado 8 de noviembre, se aprobaba la Ley 5/2024, que establecía mejoras para los bomberos forestales en España. La normativa recogía una serie de medidas como establecer derechos y obligaciones específicas para estos trabajadores, promover la formación profesional continua (esencial para un colectivo que se enfrenta cada día a situaciones de alto riesgo), equiparar en igualdad de género a los equipos de protección, reconocer las condiciones de peligrosidad, toxicidad y esfuerzo físico (tal como marca la actual ley de prevención de riesgos laborales, que tampoco se cumple), así como el derecho a defensa jurídica y protección en el ejercicio de sus funciones.
Además, se garantizaba la estabilidad en caso de cambios de titularidad del servicio, disposiciones específicas en salud y seguridad laboral, con medidas adicionales para evaluar y reconocer enfermedades profesionales relacionadas con la labor de extinción del fuego (muchos bomberos contraen cáncer por la exposición a humos y emanaciones tóxicas), equiparación salarial entre hombres y mujeres y un impulso a un entorno laboral más justo y seguro. Era una buena ley que el PP ha dejado en papel mojado.
A día de hoy, las comunidades gobernadas por el PP se han saltado una ley fundamental para luchar contra los incendios forestales y preservar nuestra seguridad. Ni Mañueco en Castilla y León (hoy devastada por el fuego de norte a sur), ni Rueda en Galicia, ni Guardiola en Extremadura y mucho menos Ayuso en Madrid han tenido a bien aplicar una normativa que hubiese mejorado, en justicia, las condiciones laborales del personal de bomberos y agentes forestales. Estamos, por tanto, ante un nuevo caso de insumisión contra las leyes que dicta el Gobierno Sánchez. Una insumisión que esta vez tiene consecuencias mucho más graves que una simple rebelión fiscal para que los ricos no paguen impuestos, tal como ocurre con la Comunidad de Madrid gobernada por Ayuso. Esta insumisión afecta directamente a las vidas de miles de trabajadores que se juegan la vida en la lucha contra el fuego, a cientos de miles de vecinos de las comarcas afectadas (que se ven solos cuando las llamas cercan sus pueblos), al futuro de todo un país que pierde lo más preciado que tiene: su patrimonio natural, sus montes, sus campos y cosechas. Su futuro.
Las regiones del PP han dejado solos a los empleados del servicio de extinción. Y no solo eso, los han entregado a las empresas privadas, que los tratan no ya como precarizados obreros, sino poco menos que como carne de cañón a la que envían al frente a jugarse la vida sin una mínima seguridad y cobertura legal, sin una formación y una preparación adecuada, inermes. La imagen de ese bombero exhausto durmiendo en el suelo o en una furgoneta porque Mañueco no se ha preocupado de encontrarle una estancia digna para echar una cabezada entre fuego y fuego, lo dice todo.
Una de las que está viviendo la tragedia de los incendios de vacaciones es Isabel Díaz Ayuso, que sigue en Miami. Buena parte de la provincia de Madrid arde en llamas desde el lunes (el incendio de Tres Cantos ha sido especialmente devastador con un hombre muerto) pero la presidenta madrileña no se ha dignado a interrumpir su período estival. “En el segundo viaje de la presidenta madrileña a la ciudad estadounidense en poco más de dos meses, Ayuso se ha limitado a poner tuits mientras miles de personas tenían que ser evacuadas de sus viviendas”, asegura Público. No parece que la lideresa esté muy por la labor de mejorar las condiciones de sus bomberos forestales, que en más de una ocasión le han montado una huelga a la presidenta. En julio de 2025, cientos de bomberos forestales de la Comunidad de Madrid se manifestaban en Madrid para exigir mejoras en el plan de extinción de incendios. Ella valoró esa protesta con el desdén acostumbrado: “Me parece que es una huelga sin sentido, precisamente en estos momentos donde la vida y el patrimonio natural están comprometidos”.
Por su parte, desde el Comité de Empresa de Tragsa, la entidad pública encargada de gestionar los bomberos forestales de la región madrileña, consideran que los que “verdaderamente están poniendo en riesgo a los ciudadanos madrileños y madrileñas es la Comunidad de Madrid y la propia compañía”. Por tanto, la ley no es igual para todos. No para los barones y baronesas del PP, que se la saltan a la torera con el resultado nefasto al que estamos asistiendo estos días.
¿Pero por qué demonios no cumplen con la ley esta serie de políticos autonómicos de la derecha española? Primero porque no creen en lo público, porque para ellos es un gasto inútil invertir en seguridad forestal (no da dinero ni hay comisiones en juego); y después porque utilizan el problema como arma arrojadiza contra Sánchez. Esa insumisión contra el sanchismo, por puro postureo para agitar la crispación y el odio contra Moncloa, la pagamos todos muy caro. Lo ideal sería unidad y un pacto de Estado para salvar lo poco que nos queda ya en cuestión de patrimonio natural. Las políticas neoliberales matan.