La Federación Estatal de Trabajadoras de las Administraciones Públicas de la CGT (FETAP‑CGT) ha puesto el foco en la estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez para presentar ante la Unión Europea un “panorama maquillado” del fraude de temporalidad en el empleo público, con el objetivo de eludir posibles sanciones por incumplimiento de la Directiva 1999/70/CE.
Según fuentes consultadas, el Ejecutivo incluirá en su informe a la Comisión Europea únicamente datos de Sanidad, Educación y Justicia, obviando los servicios generales de comunidades autónomas y administraciones locales, donde se concentra una parte sustancial del fraude de ley por empleo temporal.
De hecho, aunque el Ministerio de Función Pública reconoce una tasa global de temporalidad superior al 32,24% (BEPSAP y EPA), el informe oficial limitaría esa cifra al 17%, justificando la estabilización de 365.000 plazas y la supuesta destrucción de 92.200 empleos en el primer trimestre, cifras que FETAP‑CGT considera “tendenciosas”.
En un informe presentado ante el gabinete de la comisaria Roxana Mînzatu, la Federación calcula que 979.409 trabajadores públicos se encuentran en situación de temporalidad estructural: 698.767 interinos y 280.642 laborales temporales, según el Boletín Estadístico de Personal (BEPSAP). De ese total, alrededor de medio millón quedarían excluidos del plan de estabilización, incluidos trabajadores de Justicia, Educación y Sanidad en plazas “no estructurales” y aquellos ya cesados sin indemnización ni tutela judicial efectiva.
España lleva desde julio de 2001 sin transponer adecuadamente la Directiva 1999/70/CE, una infracción reiteradamente señalada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Este incumplimiento flagrante demuestra la falta de voluntad política para erradicar un modelo de precariedad institucionalizada.
FETAP-CGT exige una respuesta integral que incluya a todas las administraciones (estatal, autonómica y local) y propone la figura de “fijo a extinguir” en el artículo 87.5 de la Ley 40/2015 como solución justa y viable. Asimismo, reclama a la Comisión Europea que imponga “medidas verificables, transparentes y ajustadas al derecho comunitario” para evitar que el Estado siga “falseando la realidad y perpetuando la precariedad”.
A todo lo anterior hay que añadir que distintos grupos parlamentarios han señalado las dudas sobre la parcialidad del informe del Gobierno de Sánchez, mientras que los sindicatos mayoritarios (CC OO y UGT) barajan sumarse a la denuncia y presentar alegaciones conjuntas. En el Ministerio de Función Pública, sin embargo, aseguran que la selección de datos responde a criterios de “impacto y prioridad” en la resolución del problema.
Con Bruselas observando de cerca las reformas de empleo temporal en las distintas administraciones públicas, el reto para el Gobierno español es doble: corregir décadas de incumplimiento y ofrecer un plan que abarque a la totalidad de trabajadoras y trabajadores públicos, evitando que una parte significativa siga atrapada en la precariedad o, peor aún, desaparezca de las estadísticas. De lo contrario, las sanciones comunitarias podrían materializarse en un expediente que, por fin, obligue a España a hacer frente a su “fraude de ley” en el empleo público.