La Guardia Civil formaliza la compra de más de 15 millones de balas a una empresa israelí, ignorando la promesa de no colaborar comercialmente con el Estado hebreo tras la ofensiva militar en Palestina.
Seis meses después de comprometerse públicamente a no adquirir armamento a Israel por la ofensiva militar en Gaza, el Ministerio del Interior ha formalizado la compra de más de 15 millones de cartuchos de 9mm para la Guardia Civil a través de una empresa israelí. La decisión contradice directamente la postura anunciada por el propio ministerio en octubre de 2024, cuando afirmó que rescindiría la adjudicación como muestra de rechazo al conflicto armado.
La licitación, valorada en 6,6 millones de euros, se formalizó el pasado 16 de abril —en plena Semana Santa— a través de la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. El contrato fue adjudicado a la compañía IMI Systems LTD, con la firma Guardian Defense & Homeland Security S.A. actuando como representante legal. Ambas empresas comparten el mismo NIF y forman parte del conglomerado Guardian LTD Israel.
En octubre, el Ministerio alegó que la suspensión del contrato respondía a “un compromiso de no vender o comprar armamento al Estado israelí desde que estalló el conflicto armado en el territorio de Gaza”. Sin embargo, y según fuentes recogidas por Europa Press, una recomendación de la Abogacía del Estado desaconsejó anular la adjudicación debido a lo avanzado del proceso administrativo.
Finalmente, y pese a haber estudiado otras opciones, el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska optó por mantener el contrato con la empresa israelí, que se ha llevado dos de los tres lotes ofertados: uno por 4,46 millones de euros para munición básica y otro por 2,17 millones para cartuchería semiblindada.
La operación pone de relieve la disonancia entre la retórica política y las decisiones ejecutivas, especialmente en asuntos tan sensibles como la compraventa de material bélico en contextos de conflicto internacional. El caso también plantea interrogantes sobre la coherencia del Gobierno en materia de política exterior y derechos humanos, a solo unos meses de las elecciones generales.