Un juzgado de Madrid investiga si la Fundación Jiménez Díaz, centro emblemático del sistema sanitario público-privado de la Comunidad de Madrid, infló el número de pacientes para aumentar fraudulentamente la facturación a la administración regional. La denuncia, presentada por un extrabajador de la empresa Quirón —gestora del hospital— señala la creación de una unidad ficticia, la llamada “unidad 70”, que habría sido utilizada para registrar pacientes inexistentes entre 2017 y 2024. El sistema aparentemente permitía que el tratamiento de urgencias fuera facturado a precios más altos, correspondiendo a hospitalizaciones.
El escándalo ha llegado hasta el juzgado número 52 de Madrid, donde seis cargos del gigante hospitalario han comparecido como testigos. Este caso pone en entredicho las prácticas de la Fundación Jiménez Díaz, uno de los hospitales que representa la colaboración público-privada en la sanidad de la región y que maneja cientos de millones de euros de fondos públicos. Según la querella presentada, la Comunidad de Madrid habría pagado más de dos millones de euros por tratamientos falsos, registrados en una unidad que nunca existió.
Un fraude millonario a costa del sistema sanitario público
La denuncia, recogida por El País, revela que entre 2017 y 2024, hasta 447 pacientes habrían sido registrados de forma ficticia bajo esta “unidad 70” para que su tratamiento fuera facturado como si hubieran permanecido en camas hospitalarias, cuando en realidad solo estuvieron en urgencias. De acuerdo con el querellante, que aún está pendiente de juicio por su despido, esta manipulación habría permitido inflar los costes de la atención sanitaria pública en más de 1,9 millones de euros, sobrepasando el precio real de los tratamientos en hasta 30 veces.
El trabajador, que denunció la situación cuando aún formaba parte de la plantilla, asegura que descubrió el fraude mientras preparaba un informe sobre la gestión de camas del hospital. Según su versión, la Fundación Jiménez Díaz ideó un sistema para facturar los episodios de urgencias como hospitalizaciones, lo que implicaba un coste mucho más alto para la administración pública.
Quirón niega las acusaciones
Quirón, por su parte, ha negado rotundamente las acusaciones y asegura que esta denuncia se basa en información falsa. La empresa ha aportado una auditoría externa que contradice las alegaciones del extrabajador y ha presentado una querella contra él por presuntamente vulnerar la normativa interna de la empresa al utilizar datos de pacientes para sustentar su denuncia. Desde la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, dirigida por Isabel Díaz Ayuso, se han limitado a referirse a la postura de Quirón.
La Fundación Jiménez Díaz es un ejemplo paradigmático de la colaboración público-privada en la sanidad de Madrid. A lo largo de los años, el hospital ha sido un centro neurálgico para medio millón de madrileños, pero su relación con la administración autonómica ha sido objeto de polémica. En los últimos años, Quirón, que gestiona el hospital, ha acumulado una deuda de más de 450 millones de euros con la Comunidad de Madrid, aunque se ha reducido significativamente en 2024.
El caso también resalta las tensiones políticas y económicas entre la administración regional y la empresa alemana Fresenius, que posee Quirón desde 2017. Además de la acusación de fraude, la relación entre Quirón y la administración de Ayuso está en el centro de la polémica debido a la opacidad en los pagos de la sanidad pública, que han generado críticas por parte de la oposición.
Un sistema sin transparencia y con sospechas
Este escándalo se suma a la creciente preocupación por la falta de transparencia en el sistema sanitario público-privado de Madrid. La Cámara de Cuentas ha señalado en diversas ocasiones el descontrol en la gestión de los fondos destinados a los hospitales de gestión privada, como la Fundación Jiménez Díaz. La denuncia sobre la creación de unidades ficticias para inflar la facturación pone aún más presión sobre este sistema, que ya es visto por muchos como un caldo de cultivo para la corrupción.
El proceso judicial sigue su curso, y en las próximas semanas se conocerán más detalles sobre la denuncia. Entre los testigos citados por el juzgado están responsables de administración y auditoría interna de la Fundación Jiménez Díaz, quienes deberán explicar si, como sostiene el querellante, el sistema de facturación diseñado para inflar los pagos fue una práctica común en el hospital.
“Los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito/s de estafa”, se lee en el auto de admisión a trámite de la querella, que ordena una serie de diligencias para aclarar la naturaleza de los hechos.
Un escándalo que podría tener graves repercusiones
Otro aspecto crítico del caso es la relación entre la Comunidad de Madrid y Quirón en cuanto a la gestión de los pagos. Los pagos por los servicios prestados en los hospitales privados gestionados por Quirón han sido objeto de constantes pleitos judiciales y administrativos. La opacidad del sistema y las dificultades para obtener datos precisos sobre el gasto e inversión en sanidad por parte del Gobierno de Ayuso han alimentado las quejas de la oposición y de colectivos que abogan por una mayor transparencia en el uso de los fondos públicos.
El escándalo de la “unidad 70” no solo pone en evidencia una posible estafa millonaria, sino que también coloca en el centro del debate la sostenibilidad y la ética del modelo de colaboración público-privada en la sanidad madrileña. Si se confirma la existencia de estos fraudes, las consecuencias podrían ser devastadoras para la reputación de Quirón y de la Comunidad de Madrid, además de cuestionar la efectividad del modelo en la prestación de servicios de salud públicos y privados en la región.