La jueza que investiga al novio de Isabel Díaz Ayuso ha comunicado su decisión de jubilarse en agosto. Sin duda, ese paso puede afectar al futuro del sumario. De momento, hace tan solo unos días la instructora Inmaculada Iglesias, que investiga a Alberto González Amador, le citó el próximo 10 de abril para que declare como investigado en la pieza separada por corrupción en los negocios y administración desleal. Esa investigación versa sobre sus negocios con el Grupo Quirón y se suma a los dos delitos fiscales y el de falsedad documental por los que está imputado en la pieza principal.
Alberto González Amador ha sido citado en varias ocasiones en el marco de la investigación, recientemente prorrogada durante seis meses más. Las pesquisas avanzan, aunque lentamente y pese a lo que pueda decir la lideresa madrileña, que ha vuelto a mentir al asegurar que la causa que persigue a su pareja podría solucionarse con “una multa” administrativa. Sin embargo, la decisión de la magistrada de dar por finalizada su carrera jurídica puede alterarlo todo. El nuevo juez tendrá que ponerse al día y la causa se ralentizará. En ese caso, el tiempo podría jugar a favor de Amador, cuyos abogados buscan el archivo del sumario por defecto de forma, caducidad del procedimiento o prescripción. El objetivo: que Amador salga con una condena testimonial, incluso con la absolución, de este turbio episodio. Así las cosas, cabe plantearse: ¿era el mejor momento para que la magistrada dejara su plaza? ¿Ha recibido Inmaculada Iglesias presiones de algún tipo para que lo deje ya? Lo único cierto es que la titular del juzgado está harta de un proceso mediático y politizado al extremo. El PP lo ha politizado al cargar contra el fiscal general del Estado y contra Pedro Sánchez. Pese a todo, Iglesias ha continuado con las diligencias, un expediente que se eterniza cuando, de haber sido otro el encausado (un anónimo ciudadano), ya estaría más que resuelto y concluido con penas condenatorias. En ese contexto ha llamado a los peritos de la Agencia Tributaria que inspeccionaron las declaraciones del Impuesto de Sociedades de los años 2020 y 2021. La ratificación de los informes deja poco margen de maniobra al investigado.
De momento, la petición de la titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid ha llegado ya a la Comisión Permanente del Consejo General de Poder Judicial, que la ha tomado en consideración. Se busca sustituto. Cabe preguntarse si el que llegue se tomará el asunto con el mismo enfoque y valentía que la jueza saliente, sometida a tantas presiones. Ayuso arremete cada día contra la instrucción, pidiendo el archivo. La tesis de la presidenta es que los supuestos delitos fiscales cometidos por su novio no son tales, sino meras infracciones administrativas. No es así. Hay indicios más que suficientes de que se han perpetrado graves delitos contra la Hacienda Pública, delitos castigados con penas de cárcel.
Inmaculada Iglesias ha emplazado a Amador en calidad de investigado, después de que la Audiencia de Madrid avalase la apertura de esta pieza separada a instancias de las acusaciones populares, Más Madrid y PSOE. Asegura la jueza, en su resolución, que los hechos podrían constituir un delito de corrupción en los negocios y administración desleal, dado que la sociedad Quirón Prevención “puede ser perjudicada” por los hechos presuntamente cometidos por el empresario y su sociedad, Maxwell Cremona, “en connivencia con los responsables de Quirón Prevención”, informa La Sexta.
En la última ocasión, el 24 de febrero, Amador se acogió a su derecho a no declarar. Hace unas semanas, la Audiencia Provincial respaldó la necesidad de investigar en una pieza separada la posible utilización de una sociedad pantalla para “ocultar unos ingresos que debían haber sido declarados” por Maxwell Cremona –administrada por González Amador– y en el presunto pago de 499.836,92 euros a la mujer del presidente de Quirón Prevención por la adquisición de una empresa en 2020, una operación en la que la Fiscalía ve una posible “comisión encubierta”, añaden las informaciones de la citada cadena de televisión privada.
Unos hechos por los que el empresario tendrá la oportunidad de declarar el próximo 10 de abril. La Fiscalía ya manifestó en un escrito que era necesario investigar un posible delito de corrupción en los negocios en relación a estos hechos, al que las acusaciones suman otro de administración desleal. Aparte de esta pieza separada, la rama principal del procedimiento se centra en un presunto fraude fiscal de 350.951 euros y falsedad documental y en ella también se investiga a cuatro empresarios por intervenir, presuntamente, en un entramado de facturas falsas con el objetivo de aminorar la cuota a tributar.