Aparentemente la negativa de Alberto González Amador a declarar ante la jueza que instruye su causa tiene sentido. Espera a que la Audiencia Provincial de Madrid resuelva su recurso contra la apertura de una pieza separada por corrupción en los negocios, administración desleal y falsificación documental. Mientras la instancia no se pronuncie, mejor no declarar porque si los superiores de la instructora deciden anular esa pieza separada volverá al punto de partida, los dos delitos contra la Hacienda Pública y la falsedad documental que hicieron que su abogado ofreciese un pacto de conformidad al fiscal anticorrupción.
Todo sería correcto desde el punto de vista de la defensa de no ser porque es la sexta vez que el novio de Isabel Díaz Ayuso se excusa para no ser interrogado lo que dilata el periodo de instrucción. Y esa dilación tiene un motivo “político”. Paralelamente a la actuación de la jueza madrileña, en el Supremo se investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y a la fiscala provincial, Pilar Rodríguez, en un sumario que genera mayor ruido mediático.
Mientras las dos actuaciones judiciales discurran en paralelo, esta circunstancia favorece a González Amador. Lo que pasa es que la titular del juzgado número 19, Inmaculada Iglesias, se ha hartado. Ha decidido continuar con las diligencias y ha llamado, para finales de marzo, a los peritos de la Agencia Tributaria que inspeccionaron las declaraciones del Impuesto de Sociedades de los años 2020 y 2021. Si los inspectores tributarios se ratifican en sus conclusiones poco margen de maniobra le quedará al investigado.
La jueza quiere dividir la causa en dos piezas separadas porque los ámbitos de los delitos a investigar son diferentes. La primera se refiere a delitos contra la Hacienda Pública y su trámite de evaluación está claro. Se trata de un contribuyente que escamoteó el pago de los impuestos de sociedades. Es verdad que la gran mayoría de contribuyentes tienen problemas con la AEAT, pero muy pocos, se estima que el 0,9%, acaban en los juzgados porque, para que se considere delito, la cantidad defraudada debe superar los 120.000 euros y González Amador, según los inspectores tributarios, sobrepasó el límite en dos declaraciones, las de los años 2020 y 2021, llegando a los 350.000 euros.
La segunda pieza, que es la recurrida ante la Audiencia Provincial, se refiere a las irregularidades detectadas en los negocios de la pareja de Díaz Ayuso con el grupo Quirón. Concretamente, el funcionamiento de la empresa Masterman & Whitaker, propiedad de González Amador que, sin tener un solo empleado, consiguió importantes ingresos procedentes, presuntamente, de Quirón Salud para la “expansión en Latinoamérica”. Los peritos de la AEAT sospechan que Masterman era una sociedad pantalla en la que se ocultó al fisco dinero procedente de las presuntas comisiones cobradas por González Amador. El uso de empresas pantalla o sociedades instrumentales para pagar de menos a Hacienda es algo que la Agencia Tributaria y los tribunales examinan continuamente, tanto desde el punto de vista fiscal como criminal. En este caso, además de nuevos delitos contra la Hacienda Pública, se investigará, si la Audiencia avala la apertura de esta pieza separada, la falsedad en documento y la administración desleal que se pudieron cometer en las operaciones en las que también están implicados directivos de una filial del grupo.
Si esta investigación prospera, el abogado de González Amador no podrá pactar con la fiscalía la reducción de condena. En la primera pieza, la pena que se le puede imponer apenas sobrepasa los dos años, y con acuerdo se quedaría en seis meses y el pago de una multa, probablemente de 500.000 euros. Pero las actuaciones delictivas que pueden llegar a investigarse en la segunda son palabras mayores. De cuatro a doce años de cárcel por corrupción, administración desleal y falsedad documental. Y esta causa implicaría mayor relevancia pública.
De ahí que los abogados de González Amador intenten pasar a un segundo plano este caso. La estrategia es muy simple: cargar las tintas sobre ese otro sumario en el que no son parte acusada, sino acusadora: la investigación al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al que se le imputa haber filtrado datos personales de González Amador a través del famoso correo en el que su abogado, Carlos Neira, ofrecía el pacto con la fiscalía. Neira es conocido en el mundo jurídico por sus maniobras al filo de la legalidad. De hecho, la fiscalía anticorrupción pide para él tres años y once meses de cárcel por haber manipulado los peritajes en favor del exvicepresidente Rodrigo Rato en el juicio sobre el origen de su fortuna en el extranjero. Por lo tanto, a nadie debe extrañar este tipo de maniobras seguramente con el asesoramiento del jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, experto en este tipo de estrategias.
Es evidente que el abogado Neira ha llevado este asunto al terreno que quiere González Amador, la batalla mediática. Basta con leerse el último auto del instructor del Supremo en el que, aprovechando que autoriza a las partes a acceder presencialmente a los informes de la UCO, reprocha al investigado, García Ortiz, el borrado de los datos de su teléfono particular, añadiendo, a continuación, que este acto “no tiene relevancia penal”. Un juez instructor no debería hacer este tipo de reproches en sus autos. Sólo favorecen al denunciante que está siendo imputado en otra causa y que dilata el procedimiento judicial a su conveniencia. Al abogado de González Amador le interesa mucho más que su cliente sea el protagonista de un asunto que se debate en el ámbito político que de los problemas que tiene con el fisco. Por eso dilata esa declaración ante la jueza madrileña en la que deberá decidir, de una vez por todas, si se declara culpable de un delito que es lo que verdaderamente importa. No si Álvaro García Ortiz cometió el “error” de difundir las propuestas que su abogado hizo a un subordinado.