El magistrado de la Audiencia Nacional que investiga la trama del 'caso Koldo' ha decretado la retirada del pasaporte y la prohibición de abandonar el territorio español para Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, y Javier Herrero, exdirector general de Carreteras. Ambos están imputados por su supuesta participación en una red de adjudicaciones fraudulentas vinculada al exasesor ministerial Koldo García.
El juez Ismael Moreno, instructor del conocido 'caso Koldo', ha acordado imponer medidas cautelares a dos ex altos cargos del Ministerio de Transportes tras su declaración en sede judicial como investigados. Se trata de Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, y Javier Herrero, exdirector general de Carreteras, quienes quedan ahora con el pasaporte retirado y con la prohibición expresa de abandonar el territorio nacional.
A ambos se les imputan delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho y tráfico de influencias. No obstante, el magistrado ha descartado la existencia de riesgo de fuga o de destrucción de pruebas, al estar ya la documentación intervenida y bajo custodia judicial. La decisión ha sido adoptada a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, con el apoyo de las acusaciones populares, entre ellas el Partido Popular.
Presuntas intercesiones en favor de constructoras
El núcleo de la acusación reside en la presunta mediación de los investigados en procesos de contratación pública para favorecer a determinadas empresas. Según consta en los autos judiciales, tanto Pardo de Vera como Herrero habrían actuado, de forma coordinada con Koldo García, para beneficiar a constructoras como LIC, Acciona y OPR en diversas licitaciones.
En uno de los episodios más relevantes, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil documentó cómo Koldo García solicitó a Pardo de Vera una adjudicación para la empresa LIC. Pese a las reticencias iniciales de la expresidenta de Adif, finalmente se concedió una obra de emergencia en Asturias a dicha compañía por valor de 592.053 euros.
Además, los investigadores recogen conversaciones en las que García transmitía información sensible sobre licitaciones en curso y mostraba su malestar cuando los resultados no eran favorables a determinadas empresas, como ocurrió con una oferta para la alta velocidad en Extremadura en 2019.
Contrataciones irregulares y presiones políticas
Otra línea de investigación se centra en la contratación de Jésica Rodríguez, expareja del exministro José Luis Ábalos. El juez considera que su incorporación a empresas públicas fue “aparentemente irregular” y que Pardo de Vera desempeñó un papel “decisivo” en dicha operación.
En paralelo, Herrero también habría favorecido adjudicaciones, supuestamente fraudulentas, a diversas empresas constructoras. Entre los ejemplos citados en la investigación figura un contrato millonario en Logroño adjudicado a una UTE formada por Acciona y Aquaterra, así como el proyecto de tirantes del Puente del Centenario en Sevilla, finalmente adjudicado a Acciona por 71,4 millones de euros, no sin tensiones internas en el Ministerio.
Las actuaciones de Herrero, según los informes de la UCO, provocaron fricciones con altos cargos del departamento, incluido el entonces secretario de Estado Pedro Saura, quien incluso habría intentado cesarle.
Nuevas revelaciones y una investigación en curso
La instrucción del caso sigue avanzando con nuevos datos y declaraciones. El juez subraya la existencia de indicios suficientes de una red organizada para manipular adjudicaciones de obra pública mediante contactos e influencias en el seno del Ministerio. Tanto Pardo de Vera como Herrero se han desvinculado de los hechos en sus declaraciones, pero las pruebas reunidas hasta ahora apuntan a una actuación recurrente y coordinada.
El 'caso Koldo', que comenzó como una investigación por corrupción en contratos relacionados con mascarillas durante la pandemia, se ha ampliado hasta poner el foco sobre la gestión de infraestructuras públicas de gran envergadura. Las medidas cautelares impuestas reflejan la gravedad de las imputaciones y marcan un nuevo hito en el desarrollo de una de las investigaciones más relevantes de los últimos años en el ámbito de la contratación pública en España.