El juez Peinado ha iniciado una nueva caza de brujas, esta vez contra los abogados del caso Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, a quienes amenaza con fuertes sanciones si hablan con la prensa, según informa el diario El País. El magistrado ha reclamado los vídeos sobre los canutazos a las puertas de los juzgados para tratar de multar a los letrados, principalmente al representante legal de Begoña Gómez por sus declaraciones a la prensa.
Además, amenaza a los abogados con sanciones por sus manifestaciones públicas tras interrogatorios clave de gran trascendencia mediática. El magistrado, que mantiene abierta la investigación contra Begoña Gómez, ha comenzado a recabar vídeos para tratar de multar a varios despachos del caso: entre ellos, al letrado Antonio Camacho, que ejerce la defensa de la esposa de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno; y a Marta Castro y Javier María Pérez-Roldán, que representan respectivamente al partido Vox y al grupo ultracatólico Hazte Oír, personados como acusación popular.
Tras meses en que su juzgado se había convertido en un circo ultraderechista, con constantes filtraciones a los medios de comunicación, mayormente de la caverna, sobre los datos personales de la familia de Moncloa, el CGPJ ha tratado de poner orden y ha debido instar al juez a que corte el grifo de las revelaciones de secretos. Todo ello mientras se sustancia en el Tribunal Supremo el caso del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a quien el novio de Isabel Díaz Ayuso acusa de filtrar a la prensa el dosier sobre su causa por delitos fiscales. El doble rasero o diferente trato que estaba sufriendo Begoña Gómez en relación con la pareja de la presidenta de Madrid empezaba a ser escandaloso. Mientras se perseguía al fiscal general por revelar secretos de la familia de la lideresa, Peinado ha tolerado las filtraciones sobre la mujer de Sánchez. No era de recibo y alguien de “arriba” ha decidido poner pie en pared, solucionando lo que podía convertirse en un nuevo escándalo judicial.
Por otra parte, un representante legal de Telefónica ha explicado al juez Juan Carlos Peinado que Begoña Gómez contactó en persona en 2021 con un consejero de esta compañía y luego se reunió con directivos de la misma para que financiaran el software de la cátedra que ella codirigía en la Universidad Complutense.
El juez Juan Carlos Peinado ha tomado declaración este miércoles a un vicerrector y un exvicerrector de esta institución, que ya declararon en julio, y a un representante legal de Telefónica, que fue una de las empresas que financió un software para la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva, cuyo registro y puesta en marcha se investiga.
El representante legal de Telefónica ha explicado al magistrado que Begoña Gómez contactó con Rosauro Varo para hablar sobre la financiación del citado software, tras lo que mantuvieron una reunión a mediados de diciembre de ese año y posteriormente otra, han informado a Efe fuentes presentes en la declaración. Estas reuniones se celebraron en el complejo con el que cuenta Telefónica en el barrio de Las Tablas de Madrid y en las mismas participó otro directivo de la compañía, Gonzalo Martín-Villa.
El representante de Telefónica ha dicho, según las fuentes, que esta empresa invirtió un total de 50.000 euros por los trabajos que varias personas realizaron para desarrollar la plataforma. A preguntas concretas sobre a quién debían entregar el trabajo, el responsable de Telefónica ha asegurado que el software era “para la Complutense” porque así lo determina la normativa al respecto, detallan las fuentes de la agencia Efe.