De decir: “En los contratos de emergencia del SAS puede haber algún reproche administrativo, pero no penal” a admitir que ha podido existir un menoscabo de fondos públicos por los contratos sanitarios fraccionados que investigan juzgados de Sevilla y Cádiz apenas han pasado tres meses entre una posición y otra. El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha echado balones fuera hasta ahora con la causa judicial abierta a instancias del PSOE de Andalucía contra su gestión de los contratos sanitarios fraccionados y adjudicados a dedo por un valor de casi 500 millones de euros, pero los acontecimientos se precipitan en su contra.
El reciente cese de que ha sido director general de Gestión Económica y Servicios del Sistema Andaluz de Salud (SAS) desde el primer ejecutivo de Moreno Moreno en 2019 hasta la semana pasada, José Antonio Miranda, y ahora la personación de la Administración autonómica como parte perjudicada en la causa que investiga la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Cádiz, Rosa María García Jover, dan un notable giro al caso, que el ejecutivo ha intentado negar en un primer momento en todos sus extremos, ningunear después y ahora admitir que las arcas públicas andaluzas se ha podido ver perjudicadas por esta gestión sanitaria de Moreno Bonilla.
La propia Intervención de la Junta elevó un informe de actuación al Consejo de Gobierno, el máximo nivel de alerta
La jueza de Cádiz ha reclamado hasta en dos ocasiones al Servicio Andaluz de Salud (SAS) que concretara de qué manera quería personarse en la causa, algo que el ejecutivo andaluz había evitado hacer hasta ahora. Una providencia del juzgado número tres de Cádiz acepta finalmente la personación del SAS como acusación particular en esta fase previa, como adelanta la Cadena Ser. De este modo, la Administración andaluza admite por primera vez que pudo existir un presunto delito de malversación en el caso de los contratos sanitarios adjudicados a dedo de forma fraccionada.
A diferencia de lo que ocurrió en la etapa socialista con el caso de los ERE irregulares, la Intervención de la Junta ha realizado con estos contratos sanitarios fraccionados un informe de actuación, que a la postre significa que es el máximo nivel de alerta que la Intervención de la Junta puede remitir al Gobierno autonómico e implica su elevación directa al Consejo de Gobierno al detectar presuntamente menoscabo o malversación de fondos públicos, así como una denuncia ante la Fiscalía.
Este informe del órgano fiscalizador de la Junta se remitió al presidente andaluz en noviembre de 2022 ya advertía a Moreno Bonilla que el SAS, dependiente de la Consejería de Salud, había obviado sus recomendaciones para que redujera el “fraccionamiento indebido”. Como adelantó eldiario.es, estas mismas denuncias de la Intervención de la Junta vuelven a aparecer en las auditorías del SAS del pasado mes de junio de 2024.