Junts ha presentado una moción en el Senado para que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y las pensiones se calculen en función del coste de vida de cada comunidad autónoma. Lo que a simple vista podría parecer una medida técnica y justa es, en realidad, una propuesta profundamente insolidaria, jurídicamente inaceptable y políticamente peligrosa. La iniciativa rompe con el modelo constitucional, crea ciudadanos de primera y de segunda según el territorio, y sienta un precedente letal para la cohesión nacional. Junts vuelve a utilizar las instituciones del Estado como herramienta para imponer privilegios territoriales, ahondando en una lógica de chantaje que amenaza la unidad económica y social de España.
Una vez más, Junts per Catalunya deja claro que su proyecto no es construir un país más justo, sino blindar un privilegio territorial al margen del bien común. Con esta propuesta, de apariencia técnica, se pretende algo tan grosero como que un catalán cobre más que un extremeño por el mismo trabajo. ¿La excusa? El coste de la vida. ¿La realidad? Una estrategia para imponer un modelo económico desigual que favorezca a los territorios más ricos.
La Constitución es clara: todos los ciudadanos son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo o territorio. Regionalizar el SMI o las pensiones rompe este principio básico, creando un escenario en el que el esfuerzo y el derecho a una vida digna se valoran de forma distinta según el lugar de residencia. Se trata, en definitiva, de fracturar el Estado del Bienestar para satisfacer el relato nacionalista de superioridad económica.
¿Qué pasará cuando el País Vasco, Baleares o Navarra pidan lo mismo? ¿Vamos a permitir una España troceada en salarios y pensiones a medida? ¿Dónde queda la solidaridad interterritorial? ¿Dónde queda la idea de nación común, donde todos los españoles compartimos derechos y deberes por igual?
Junts no quiere justicia social: quiere privilegios económicos exclusivos para Cataluña. Lo ha demostrado una y otra vez: en su apuesta por la independencia, en su desprecio a las instituciones nacionales y ahora en su intento de distorsionar las reglas del juego económico. Esta moción es otro episodio de un chantaje constante al Gobierno central, que se ve obligado a tolerar propuestas que pervierten la equidad y la cohesión por unos votos parlamentarios.
Frente a esto, no caben ambigüedades ni cesiones. Decir no a Junts no es solo frenar una propuesta injusta; es defender la igualdad de todos los españoles. Es garantizar que el salario mínimo siga siendo un derecho común, no un privilegio regional. Y es blindar el modelo constitucional frente a quienes lo erosionan desde dentro con apariencia de legalidad.
Hoy el ataque es al SMI. Mañana será al sistema fiscal. Pasado, a la Seguridad Social. Lo que está en juego no es una cifra, sino un principio: el de que todos los ciudadanos valen lo mismo, vivan donde vivan. Y ese principio no se negocia. Se defiende.