La batalla judicial contra el ambicioso proyecto para la construcción del circuito de la Fórmula 1 en Ifema da un paso importante. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha admitido a trámite el recurso presentado por Más Madrid contra el Plan Especial aprobado por el Ayuntamiento de la capital para habilitar el terreno que albergaría la nueva pista. En un contexto de creciente controversia, la formación de la oposición no da tregua al proyecto, asegurando que, además de los problemas medioambientales, existen serias irregularidades en el proceso administrativo.
¿Por qué está en juego este proyecto?
El circuito, que pretende albergar el Gran Premio de Madrid a partir de 2026, ha estado rodeado de críticas desde su anuncio. Más Madrid, con Rita Maestre al frente, ha destacado en su recurso la falta de una evaluación ambiental adecuada, un análisis de los posibles impactos en la salud pública y la ausencia de una notificación adecuada a los vecinos del área afectada. Según Maestre, el proyecto podría poner en peligro zonas residenciales cercanas y hasta centros escolares y sanitarios, además de que la Comunidad de Madrid ha alertado sobre los altos niveles de ruido que superarán los valores legales, lo que generaría un grave perjuicio para los vecinos.
El recurso destaca, además, que la tramitación del Plan Especial fue realizada sin cumplir con los procedimientos legales establecidos, como la falta de una evaluación de impacto ambiental en condiciones adecuadas. A ello se suma el hecho de que el proceso no notificó individualmente a los vecinos de la zona, lo que contraviene la normativa urbanística y de suelo de la Comunidad de Madrid.
El "pelotazo" y los intereses detrás del proyecto
Más Madrid no ha tardado en calificar el proyecto como un "pelotazo urbanístico". La formación de la oposición señala que el circuito, lejos de ser un evento beneficioso para los ciudadanos, podría suponer una grave afectación a los intereses generales de los madrileños. Además, critican la falta de transparencia y la promesa incumplida de que la construcción del circuito no supondría un coste público, a pesar de que ya se han comprometido más de 190 millones de euros en dinero de los impuestos de los madrileños.
"No vamos a dejar que este pelotazo se lleve a cabo con los brazos cruzados", advirtió Maestre en su intervención, haciendo hincapié en la defensa del interés general por encima de los proyectos privados que no contemplan el bienestar de los ciudadanos. Más Madrid no solo ha recurrido el Plan Especial, sino que también tiene la intención de impugnar judicialmente la licencia concedida para la construcción del circuito, lo que podría retrasar o incluso paralizar el proyecto.
El impacto medioambiental y los riesgos para la salud
El proyecto del circuito de F1 también ha sido duramente criticado por los grupos ecologistas, que alertan de los graves efectos medioambientales que podría generar. Según los informes emitidos por la Comunidad de Madrid, la instalación del circuito podría traer consigo niveles de contaminación acústica y de aire que superan los umbrales permitidos. Además, la planta de IFEMA, que acoge el futuro trazado, se encuentra a escasa distancia de zonas residenciales y colegios, lo que agrava las preocupaciones sobre la calidad del aire y la salud de los habitantes de la zona.
El impacto ambiental no solo se limita al ruido y la contaminación. Más Madrid también denuncia que más de 700 árboles podrían ser talados para hacer espacio para el circuito, lo que supondría un ataque directo al pulmón verde de la ciudad y su biodiversidad.
Una división en la capital
El proyecto del Gran Premio de Madrid ha generado una polarización entre el gobierno municipal y la oposición. Mientras que el alcalde José Luis Martínez-Almeida y su equipo defienden que el evento traerá beneficios económicos a la ciudad, Más Madrid y otras formaciones políticas consideran que el impacto social y medioambiental no justifica la inversión. El alcalde ha sido tajante al defender que el circuito será financiado principalmente a través de contratos privados, sin que haya coste alguno para los ciudadanos.
Sin embargo, Más Madrid sostiene que la cifra de 190 millones comprometidos de los impuestos públicos es un indicio claro de que el proyecto no será tan "gratis" como se asegura. La formación pide transparencia en los contratos y subraya que las decisiones tomadas no se alinean con los intereses de los ciudadanos, sino con los de grandes inversores y empresas privadas que se beneficiarán de la construcción del circuito.
La lucha continúa
El TSJM ha concedido un plazo de 20 días al Ayuntamiento de Madrid para que remita el expediente administrativo del Plan Especial, mientras la jueza abre una pieza separada para estudiar las medidas cautelares solicitadas por Más Madrid. Si el tribunal acepta suspender la vigencia del acuerdo, los plazos para la construcción del circuito podrían verse comprometidos, poniendo en riesgo el evento que se tenía previsto para 2026.
De momento, el Ayuntamiento de Madrid ha insistido en que no hay marcha atrás. El circuito será construido y el Gran Premio de Madrid se celebrará tal y como está previsto. Sin embargo, la oposición sigue firme en su objetivo de frenar lo que consideran un proyecto que, lejos de beneficiar a los madrileños, solo favorecerá a unos pocos.
¿Es este el futuro que Madrid merece? La respuesta, aún por definir, dependerá en gran medida de lo que el sistema judicial decida en los próximos meses. Pero mientras tanto, el conflicto sigue abierto y la división entre el gobierno municipal y la oposición se profundiza.